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Pablo Iglesias Rionda

Pablo Iglesias Rionda

Sin derecho a seguimiento de operaciones cardiacas

C. es uruguaya de 71 años y vive en España hace varios años, junto con su hija y sus nietas, que son su única familia. Está empadronada hace más de tres años y antes sí tenía tarjeta sanitaria. Padece una enfermedad cardiovascular crónica. Ha tenido que ingresar varias veces por urgencias, ya que es la única vía de acceso al sistema de salud que les está permitida. Ya he recibido varios avisos de facturación y carece de medios económicos para pagarlas.


Al persistir la insuficiencia respiratoria es remitida al hospital especializado con necesidad de cirugía urgente para sustitución de válvula aórtica. Junto con el alta hospitalaria recibe un informe médico que la deriva a seguimiento por su médico de cabecera. Pero, cerrando el círculo vicioso, no puede recibir este seguimiento porque no dispone de tarjeta sanitaria.

 

REDER presenta su informe sobre el impacto del RDL

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ha reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015, más de 1500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Este informe, resultado del trabajo conjunto de las más de 300 organizaciones que integran la red, constata el carácter marcadamente discriminatorio de la reforma sanitaria impuesta por el Real Decreto-Ley 16/2012 y denuncia la exclusión generalizada que se deriva de la aplicación del mismo. 

Puedes acceder al informe completo aqui

Trámites interminables para acceder a la asistencia sanitaria

Carolina es una mujer nicaragüense de 27 años, casada con un español. No le aprueban permiso de residencia por falta de recursos económicos y, por tanto, tampoco la tarjeta sanitaria. Solicitó acceder al Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública. Al principio tuvo que acudir al INSS para obtener el documento que acredita que no es asegurada del SNS. Regresó con la documentación, y entonces le denegaron la solicitud por tener NIE y la enviaron de vuelta al INSS. Más tarde le llegó una carta donde le advierten que no podrá presentar más la solicitud de entrada al Programa Galego. Finalmente, y casi tres años depués de la primera solicitud, C.B.V. consigue ser incluida en el Programa Galego de Protección Social da Saúde Pública.

España deja morir sin atención sanitaria a personas enfermas y ancianas

 Carlos tenía 66 años cuando falleció sin que su hija Natalia consiguiera que la Administración le concediera el acceso normalizado a la atención sanitaria que requería. Enfermo de diabetes y alzheimer, llegó a España en 2009 donde viven todos sus hijos. Residente en Galicia con su hija y su yerno, tenía tarjeta sanitaria y recibía asistencia normalizada. Sin embargo, cuando la familia se trasladó de comunidad autónoma, por motivos de trabajo, Carlos quedó sin atención sanitaria. En la oficina del INSS le negaron la tarjeta sanitaria como beneficiario de su hija y le exigían contar con un seguro privado. En abril de 2014, sufre un cuadro de deterioro generalizado y acude a urgencias donde recomiendan su ingreso. No obstante el seguro se niega a hacerse cargo del coste de dicho ingreso ni de la medicación recetada y por tanto debe solicitar el alta voluntaria al no poder costeárselo la familia. Como consecuencia su situación se agrava a lo largo de las siguientes semanas requiriendo nuevos ingresos en urgencias. No obstante en ningún momento recibe el adecuado tratamiento y seguimiento a su enfermedad y termina falleciendo.

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