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Pablo Iglesias Rionda

Pablo Iglesias Rionda

Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal

Madrid, 25 de febrero de 2019.

Más de  300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta (adjunta PDF) a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo. 

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”. 

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  

// Qué hay que abordar urgentemente  

La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato: 

El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil. 

 

Aquí puedes leer la carta a la Ministra

 

 

REDER alerta de las consecuencias del pacto de Gobierno en Andalucía sobre la salud de miles de personas

Se teme que quienes enfermen dejen de acudir a los centros sanitarios por miedo a sufrir una detención, lo que puede incrementar la mortalidad

 

Viernes, 11 de enero de 2019.- El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.  

Cuatro meses después del nuevo decreto sobre sanidad universal, representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno central deben abordar sus fallos y ambigüedades

  • REDER, Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, solicitan la adopción de un reglamento que aclare la norma para blindar el derecho a la salud, que sigue en riesgo
  • Lamentan que cuatro meses después del nuevo Decreto Ley que pretendía recuperar la universalidad en el acceso a la salud todavía no se ha alcanzado ese objetivo

Madrid, 14 de noviembre.- Representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de la Administración central se reúnen este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado. REDER, Amnistía Internacional y Yo sí sanidad universal, junto a las organizaciones integradas en REDER, han recordado a las autoridades que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 (RDL) fue un paso en la dirección adecuada para recuperar la universalidad en el acceso a la salud, se deben abordar en este encuentro sus fallos y ambigüedades para lograr el objetivo pretendido. Para ello, solicitan la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud. Asimismo, las entidades piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos. El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las CCAA para aplicar RDL y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal y como habían advertido, como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular. Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria.

Fallos, ambigüedades y obstáculos

El RDL tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las CCAA y en consecuencia, cada Comunidad Autónoma está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior RDL 16/2012. Las organizaciones alertan además de que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas CCAA se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud.

“No debemos olvidar que venimos de una situación regresiva, ya que el anterior Real Decreto Ley dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas. Si la finalidad del gobierno es conseguir que ninguna persona quede excluida de un derecho como es el acceso a la salud, éste debe estar blindado”, ha declarado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma, falta de armonía en los procedimientos y requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial”, ha añadido añadido Eva Aguilera, responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, denuncia Yo Sí Sanidad Universal.

Más información

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez publicó el pasado 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 7/2018, que se adoptó con el fin de revertir la situación creada por el Real Decreto Ley 16/2012, una medida regresiva y discriminatoria que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas y que limitaba el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años.

La exclusión sanitaria persiste en España

  • Embarazadas y menores sin atención, cobros en urgencias y personas ancianas sin cobertura, algunos de los casos detectados
  • Madrid, Murcia y Galicia son algunas de las comunidades donde las barreras para conseguir atención sanitaria son más persistentes.
  • El informe “No dejar a nadie atrás” recoge las situaciones detectadas en los últimos tres meses.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- El esperanzador retorno a la cobertura sanitaria universal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio pasado está en punto muerto. Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas. Por eso, las organizaciones agrupadas en REDER piden al Ejecutivo que su celebrada medida para asegurar que todas las personas que viven en España tengan acceso a la sanidad se haga realidad en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país.

 

Madrid y Murcia son dos de las comunidades en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre. En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de 6 a 3 meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada. Unas situaciones que se producen como consecuencia de una interpretación restrictiva del nuevo RDL.

Aunque la aprobación y posterior convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2018 fue un paso muy positivo, la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, o la atención en urgencias. Aclarar estas y otras situaciones exige la aprobación por parte del Ejecutivo del Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018.    

El retraso en hacerlo ha provocado cinco problemas fundamentales:

  1. La existencia de 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma. Cada una de ellas exige además distintos requisitos de acceso.
  1. La barrera del empadronamiento: la mayoría de las CCAA exigen hoy en día 3 meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley. Esta es una cuestión a menudo insalvable, agravada en lugares como Melilla, donde el acceso al padrón está condicionado a que la persona se encuentre ya regularizada.
  1. La ley no especifica que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia. Hablamos de embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias. Al no explicitar esta garantía, algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma.
  1. Los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir. Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable.
  1. Las personas ascendientes reagrupadas -madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. Se encuentran en un círculo vicioso, porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre. A pesar de que la Justicia ha dado la razón a las familias afectadas, la exclusión persiste.

Con esta información, es evidente que el Gobierno no puede aplazar más la adopción del Reglamento que armonice la aplicación del RDL en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa o su comunidad autónoma de residencia.

 

Puedes leer el informe completo aquí

 

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