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Pablo Iglesias Rionda

Pablo Iglesias Rionda

Organizaciones sociales exigen una nueva regulación que recupere el derecho a la salud de todas las personas

 

 

  • Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad

Madrid 31 de julio de 2019.- Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Por ello, las organizaciones se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han derribado el muro.

Resulta particularmente preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa.

No son casos aislados

 Durante este último año, asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación.

 

Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos de tres meses de estancia en España.

Además, las organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por la vía judicial, se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones. 

Una normativa ambigua que da lugar a la interpretación

 Tal y como ya advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria –la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico)- son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas.

 A pesar de que el RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se indica más arriba, la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad. 

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad. 

Las organizaciones rompen el muro de la exclusión frente al Ministerio

Fruto del compromiso de estas organizaciones con el acceso universal a la salud, se concentraron esta mañana frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar un derecho que es de todos y todas.

Han sido las propias personas excluidas quienes hoy han compartido sus testimonios frente a un muro ficticio que se ha construido con mensajes de denuncia y que representa ese muro real que las ahoga día a día.

Al final de la lectura del manifiesto, las organizaciones han tirado de forma simbólica el muro levantado, con la esperanza de que a corto plazo cientos de personas que sufren exclusión puedan derribar el que levanta el Gobierno a diario contra ellas y que la exclusión sanitaria deje de ser un hecho en nuestra sociedad.

 

La sentencia del Tribunal Supremo, una muestra más de que la salud universal no está garantizada

Pone en riesgo el acceso a la atención sanitaria para miles de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias en España

Madrid, 6 de junio.­ Las organizaciones Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ­integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo­, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) y Yo SÍ Sanidad Universal  lamentan la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), impidiendo así el acceso gratuito a la atención sanitaria a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija. Esta sentencia anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraba su derecho a la atención sanitaria, tal y como han hecho otros tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud a las personas reagrupadas legalmente en España.

 
“La sentencia supone la constatación de que la actual normativa sobre universalidad, el RD7/2018, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España, como ya veníamos advirtiendo las organizaciones. Esta decisión ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas” asegura Marta Mendiola, responsable de derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España.
 
“La sentencia describe claramente cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, regresión que no ha sido plenamente revertida por el Real Decreto­Ley 7/2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar.  Esto evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España" declara José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER.
 
“La sentencia recoge los argumentos del INSS, que más de 80 jueces han desmontado. Las familias quedan en una situación de inseguridad jurídica, sanitaria y vital grave, que se inició con la reforma del PP y que el decreto del PSOE no ha revertido. Nos acogemos al voto particular y al criterio de los jueces de lo social y continuaremos la vía jurídica, pues las familias no pueden permitirse dejar de luchar por su derecho a la asistencia sanitaria”, destaca Marta Pérez, portavoz de Yo SÍ Sanidad Universal.
 
Las organizaciones firmantes instan al nuevo Gobierno a que en la próxima legislatura corrija las lagunas de desprotección que contiene el Real Decreto 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud.

Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal

Madrid, 25 de febrero de 2019.

Más de  300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta (adjunta PDF) a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo. 

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”. 

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  

// Qué hay que abordar urgentemente  

La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato: 

El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil. 

 

Aquí puedes leer la carta a la Ministra

 

 

REDER alerta de las consecuencias del pacto de Gobierno en Andalucía sobre la salud de miles de personas

Se teme que quienes enfermen dejen de acudir a los centros sanitarios por miedo a sufrir una detención, lo que puede incrementar la mortalidad

 

Viernes, 11 de enero de 2019.- El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.  

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