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Pablo Iglesias Rionda

Pablo Iglesias Rionda

Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.

El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal

 

  • El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
  • Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

 

 

Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.  Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Restricción de las competencias autonómicas para otorgar asistencia sanitaria por encima de los mínimos establecidos por el RDL 16/2012

La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España.

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.

Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.

Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitario

 

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario.

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible.

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  - entre enero de 2014 y agosto de 2017 - más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas.

La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en España

La sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca.  

Pero, ¿quién paga la sanidad universal?

La sanidad universal garantiza el acceso a los servicios sanitarios cuando los precisa a cualquier persona por el hecho de serlo. Es un derecho fundamental y un elemento insustituible de equidad (asignar recursos a las personas en función de sus necesidades) propio de un estado social moderno. Suprimir o restringir ese derecho es limitar las posibilidades de desarrollo físico y psíquico a quienes carecen de recursos y sobretodo, abandonar a esas personas al sufrimiento, la incapacidad o a una muerte que podría haberse evitado. El Sistema Nacional de Salud español definido en la Ley General de Sanidad de 1986 marca la ruta hacia un sistema sanitario universal.


Puedes leer el artículo completo aquí

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

NOTA DE PRENSA

 

70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

 

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

 

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

 

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

 

Cinco años de RDL 16/2012

En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.

 

Firmantes del Pacto

 

ElPacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.

Leer el texto completo del Pacto

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