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Nos concentramos frente al Ministerio de Sanidad para pedir al Gobierno que acabe “de una vez por todas” con la exclusión sanitaria

  • Las organizaciones de la alianza REDER presentamos la campaña “Sanidad sin peros” con la que denuncian que el Ejecutivo sigue incumpliendo su promesa de aprobar una ley que devuelva la sanidad universal a España. 
  • Esta semana se cumplen tres años desde que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a poner fin a la exclusión sanitaria aprobada por el PP en 2012.
  • Desde entonces, miles de personas encuentran trabas para acceder al Sistema Nacional de Salud por estar en una situación administrativa irregular.

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)- nos hemos reunido hoy a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir una vez más al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley que permita recuperar la sanidad universal en España y acabar así con la exclusión sanitaria que continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular. Lo hemos hecho durante la presentación de la campaña “Sanidad sin peros”, en la que las entidades hemos realizado una pegada de carteles que recogen las promesas incumplidas del Gobierno en materia de sanidad universal. 

SANIDAD SIN PEROS 0013

Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el real decreto 7/2018 con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria -una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos-. Sin embargo, esta nueva normativa sólo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

Prueba de ello es que, solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 44 mujeres embarazadas; 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación. Además, como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

Estas cifras, que son preocupantes, no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera las organizaciones consiguen llegar.

Asimismo, desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid-19, REDER viene denunciando que estos colectivos excluidos del sistema sanitario lo están también del proceso de vacunación. Algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios planes para esta población, pero otras no. Solo Médicos del Mundo ha registrado más de un centenar de casos en los que las personas a las que correspondía estar vacunadas han debido esperar meses para hacerlo o todavía siguen esperando su cita. 

La urgencia de una nueva ley

Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las organizaciones de REDER hemos pedido al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que recoja los siguientes puntos: 

  • Eliminar la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular. 
  • Eliminar el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia. 
  • Reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar. 
  • Garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, reconociendo de forma expresa la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad. 

Hasta la tramitación de dicha ley, las organizaciones piden al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa.


 Foto de Edu Leon / REDER

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Reclamamos que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

Organizaciones de la sociedad civil reclaman que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

  • Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER denuncian la exclusión en la práctica de las campañas de vacunación de las personas inmigrantes en situación irregular, de las personas sin hogar y, en general, de poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica.
  • Lo han pedido por carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, horas antes de la comparecencia prevista para hoy y en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización.

Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER han remitido hoy una carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, reclamando que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria.

Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que, en muchos casos, y en su mayoría mujeres, se ocupan del cuidado de mayores, o las personas sin hogar. En este sentido, las organizaciones reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley -anunciado por el Gobierno- para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave, aseguran, para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19.

Personas vulnerables sin acceso a las vacunas

Hace dos años que Joshlin consiguió la reagrupación familiar en España con su madre (79 años, tarjeta de discapacidad del 37% por un ictus y con tratamiento psiquiátrico) y su padre (81 años, con una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- y asma). Tras realizar numerosos trámites, consiguió un acceso temporal al sistema sanitario para sus padres que fue revocado en enero de 2021. Ambos forman parte de grupos de población que ya deberían estar vacunados, pero ninguno de ellos ha sido inmunizado contra la Covid-19 al no tener tarjeta sanitaria.

Livia, de 71 años, vive en España legalmente gracias a la reagrupación familiar solicitada por su hija, pero no cuenta con tarjeta sanitaria. Tanto por edad como por condiciones de salud -toma inmunodepresores y sus defensas son bajas- debería tener acceso a la vacuna, pero ninguna de las consultas que ha hecho en su centro de salud y por teléfono le aseguran conseguirla.

Los casos de estas dos mujeres, Joshlin y Livia, son ejemplos de que España carece de protocolos consensuados en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que hagan efectivo el acceso a la vacuna a la población que se encuentra en cualquiera de estas situaciones de exclusión sanitaria y que, además, tampoco cuenta con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Las entidades que suscriben esta carta consideran que, aunque es “muy positivo” el enfoque de la estrategia de vacunación española, que incluye como grupo de vacunación el de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica” -tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud-, estás intenciones no se han hecho realidad.

“Cuatro meses después de su publicación, ninguna actualización del documento de estrategia contiene directrices o recomendaciones” que aseguren la vacunación de los colectivos que, a día de hoy, siguen encontrando barreras para acceder al sistema sanitario.

Por todo ello, recuerdan a Carolina Darias, ministra de Sanidad, que el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS señala que se deben “tomar medidas proactivas para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo prioritario, especialmente las poblaciones socialmente desfavorecidas”.

Medidas a adoptar en el próximo Consejo Interterritorial

Las entidades firmantes sostienen que el CISNS debería adoptar directrices que garanticen la vacunación de las personas sin tarjeta sanitaria. Asimismo, el Ministerio de Sanidad debe aprobar de manera urgente el anteproyecto de ley que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio abrió la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley el pasado mes de octubre y las organizaciones enviaron sus recomendaciones para la elaboración de la norma. En marzo, la Ministra de Sanidad anunció en sede parlamentaria su próxima aprobación en el segundo trimestre del presente año, sin que haya habido novedades sobre el proceso en el que se encuentra el anteproyecto.

Entre las medidas concretas y efectivas a adoptar por el CISNS expresadas por las entidades que suscriben en la carta a la ministra, destacan:

  • La identificación de las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria de cada uno de los grupos objetivos de la campaña de vacunación.
  • El establecimiento de protocolos administrativos y de gestión sanitaria que hagan efectivo el acceso a la vacuna a esas personas.
  • La garantía de que la población que se encuentra en esta situación cuente con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Acciones positivas desarrolladas en algunas Comunidades

Aunque las entidades firmantes destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud con la finalidad de darles de alta en el sistema y entrar así en la campaña de vacunación, reclaman una acción nacional de vacunación de grupos vulnerables mediante “protocolos eficaces y coordinados desde el CISNS que hagan realidad el derecho de estas personas a ser vacunadas.

Información adicional

En los últimos meses, agencias de Naciones Unidas y diversos mecanismos de protección de derechos humanos han instado a los Estados a garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19 sin ningún tipo de discriminación.

A su vez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental han señalado que la priorización de las vacunas debe incluir a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario, independientemente de quiénes sean.

Por su parte, el Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados del Consejo de Europa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos, han recomendado a los Estados:

  • proporcionar un acceso equitativo a las vacunas para todas las personas independientemente de su situación migratoria; adoptar medidas para superar los obstáculos,
  • establecer protocolos que faciliten el acceso equitativo a la vacunación, incluidas las personas que se encuentran en situación irregular,
  • realizar actividades de divulgación y suministro de información entre los migrantes en un idioma que entiendan y en formatos a los que puedan acceder
  • y establecer cortafuegos entre la aplicación de la ley de inmigración y la provisión de la vacuna COVID-19.
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Trasladamos al Gobierno nuestras recomendaciones para el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud

Reder

La aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud constituyó un paso importante hacia la construcción de una sanidad más justa que hiciera efectivo el principio de universalidad reconocido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (artículo 2). Así, tras la grave regresión de derechos que supuso la exclusión sanitaria impuesta por el Real Decreto-Ley 16/2012, la nueva norma aspiraba a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, reconociendo que la universalidad de la atención no solo redunda en la mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población.


Sin embargo, estas buenas intenciones recogidas en la Exposición de Motivos del RDL 7/2018 no se vieron debidamente reflejadas en el articulado de la norma. El texto actual cuenta con importantes carencias que van desde imprecisiones en el lenguaje (ej. la errónea referencia a la situación de estancia temporal) a lagunas técnicas (ej. la indeterminación en relación a la protección de situaciones de vulnerabilidad como embarazadas o menores), e incluso la omisión de graves situaciones de exclusión (ej. las personas ascendientes reagrupadas). Durante las reuniones que mantuvimos con el Ministerio en el verano de 2018, las organizaciones firmantes tuvimos la oportunidad de alertar sobre estas carencias y expresar nuestra preocupación por las situaciones de exclusión que ya anticipamos se producirían. Precisamente estas deficiencias del RDL, unidas a la ausencia de un Reglamento que clarifique y garantice tanto el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud como la aplicación de criterios similares en todo el territorio, han amparado interpretaciones restrictivas desde diversas comunidades autónomas.


Como consecuencia de esta situación, desde la entrada en vigor del RDL 7/2018 las organizaciones de REDER hemos documentado más de 3300 casos de personas vulnerables que han tenido enormes dificultades para acceder a la atención sanitaria o que directamente no han podido recibir la misma. Entre los problemas de salud que no han podido ser debidamente atendidos contabilizamos enfermedades tan graves como cáncer (39 casos documentados), enfermedades cardiovasculares (38 casos), diabetes (53 casos), hipertensión (38 casos), enfermedades respiratorias (19 casos), enfermedades graves de salud mental (38 casos) o VIH (34 casos). Estas cifras no representan en ningún caso un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria en nuestro país, sino una mera constatación de esta dramática realidad. Por desgracia nos tememos que son muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera nuestras organizaciones consiguen llegar.
Es preciso además señalar cómo la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y las consiguientes derivadas para el funcionamiento del sistema sanitario (cierre o limitación de acceso a los centros de salud, atención telefónica, desinformación, etc.) han contribuido a acrecentar más si cabe la vulnerabilidad de aquellas personas que ya de por si sufrían importantes barreras (administrativas, idiomáticas, etc.) a la hora de acceder a la atención sanitaria.


De este modo, el RDL 7/2018 no ha sido capaz de revertir plenamente la exclusión sanitaria de su predecesor, y así ha sido señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que en fecha tan reciente como el 15 de junio de 2020 ha recordado al Gobierno español que los progresos en esta materia son insuficientes.1 No debemos olvidar que el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituye una obligación vinculante para el Estado español. Esta obligación se extiende de forma particular a los colectivos más vulnerables, en aplicación de los principios de equidad y no discriminación, tal y como se recoge en la Observación General número 14 del Comité DESC.

 


En este contexto, se hace imprescindible una reforma legislativa concisa y sin ambigüedades, que proteja el derecho a la salud y garantice la igualdad en el acceso a todas las personas, sin distinción alguna tal y como varios mecanismos de Naciones Unidas han exigido recientemente.2 Una reforma legislativa que resuelva definitivamente las diferentes vías de exclusión, entre las que se encuentran la definición de la titularidad de los derechos o la exigencia de un tiempo mínimo de estancia. Una reforma legislativa que cumpla con el compromiso adquirido por el Gobierno de garantizar el derecho de las personas reagrupadas a tener asistencia sanitaria, expresado tanto en su pacto para un gobierno de coalición progresista3 como en el Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica4.
El anuncio por parte del Ministerio de la apertura de un proceso de consulta previo a la elaboración de un Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, constituye por tanto una muy buena noticia. Las organizaciones firmantes consideramos que esta es una oportunidad perfecta para superar definitivamente la exclusión sanitaria del RDL 16/2012, para construir un SNS integrador y solidario que no deje a nadie atrás.


Para ello, desde el espíritu de colaboración que siempre ha informado nuestra relación con el presente Ministerio, y en base a nuestra experiencia de trabajo con los principales colectivos afectados por la exclusión sanitaria, les trasladamos a continuación nuestras principales recomendaciones.

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