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Reclamamos que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

Organizaciones de la sociedad civil reclaman que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

  • Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER denuncian la exclusión en la práctica de las campañas de vacunación de las personas inmigrantes en situación irregular, de las personas sin hogar y, en general, de poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica.
  • Lo han pedido por carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, horas antes de la comparecencia prevista para hoy y en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización.

Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER han remitido hoy una carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, reclamando que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria.

Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que, en muchos casos, y en su mayoría mujeres, se ocupan del cuidado de mayores, o las personas sin hogar. En este sentido, las organizaciones reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley -anunciado por el Gobierno- para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave, aseguran, para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19.

Personas vulnerables sin acceso a las vacunas

Hace dos años que Joshlin consiguió la reagrupación familiar en España con su madre (79 años, tarjeta de discapacidad del 37% por un ictus y con tratamiento psiquiátrico) y su padre (81 años, con una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- y asma). Tras realizar numerosos trámites, consiguió un acceso temporal al sistema sanitario para sus padres que fue revocado en enero de 2021. Ambos forman parte de grupos de población que ya deberían estar vacunados, pero ninguno de ellos ha sido inmunizado contra la Covid-19 al no tener tarjeta sanitaria.

Livia, de 71 años, vive en España legalmente gracias a la reagrupación familiar solicitada por su hija, pero no cuenta con tarjeta sanitaria. Tanto por edad como por condiciones de salud -toma inmunodepresores y sus defensas son bajas- debería tener acceso a la vacuna, pero ninguna de las consultas que ha hecho en su centro de salud y por teléfono le aseguran conseguirla.

Los casos de estas dos mujeres, Joshlin y Livia, son ejemplos de que España carece de protocolos consensuados en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que hagan efectivo el acceso a la vacuna a la población que se encuentra en cualquiera de estas situaciones de exclusión sanitaria y que, además, tampoco cuenta con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Las entidades que suscriben esta carta consideran que, aunque es “muy positivo” el enfoque de la estrategia de vacunación española, que incluye como grupo de vacunación el de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica” -tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud-, estás intenciones no se han hecho realidad.

“Cuatro meses después de su publicación, ninguna actualización del documento de estrategia contiene directrices o recomendaciones” que aseguren la vacunación de los colectivos que, a día de hoy, siguen encontrando barreras para acceder al sistema sanitario.

Por todo ello, recuerdan a Carolina Darias, ministra de Sanidad, que el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS señala que se deben “tomar medidas proactivas para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo prioritario, especialmente las poblaciones socialmente desfavorecidas”.

Medidas a adoptar en el próximo Consejo Interterritorial

Las entidades firmantes sostienen que el CISNS debería adoptar directrices que garanticen la vacunación de las personas sin tarjeta sanitaria. Asimismo, el Ministerio de Sanidad debe aprobar de manera urgente el anteproyecto de ley que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio abrió la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley el pasado mes de octubre y las organizaciones enviaron sus recomendaciones para la elaboración de la norma. En marzo, la Ministra de Sanidad anunció en sede parlamentaria su próxima aprobación en el segundo trimestre del presente año, sin que haya habido novedades sobre el proceso en el que se encuentra el anteproyecto.

Entre las medidas concretas y efectivas a adoptar por el CISNS expresadas por las entidades que suscriben en la carta a la ministra, destacan:

  • La identificación de las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria de cada uno de los grupos objetivos de la campaña de vacunación.
  • El establecimiento de protocolos administrativos y de gestión sanitaria que hagan efectivo el acceso a la vacuna a esas personas.
  • La garantía de que la población que se encuentra en esta situación cuente con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Acciones positivas desarrolladas en algunas Comunidades

Aunque las entidades firmantes destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud con la finalidad de darles de alta en el sistema y entrar así en la campaña de vacunación, reclaman una acción nacional de vacunación de grupos vulnerables mediante “protocolos eficaces y coordinados desde el CISNS que hagan realidad el derecho de estas personas a ser vacunadas.

Información adicional

En los últimos meses, agencias de Naciones Unidas y diversos mecanismos de protección de derechos humanos han instado a los Estados a garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19 sin ningún tipo de discriminación.

A su vez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental han señalado que la priorización de las vacunas debe incluir a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario, independientemente de quiénes sean.

Por su parte, el Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados del Consejo de Europa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos, han recomendado a los Estados:

  • proporcionar un acceso equitativo a las vacunas para todas las personas independientemente de su situación migratoria; adoptar medidas para superar los obstáculos,
  • establecer protocolos que faciliten el acceso equitativo a la vacunación, incluidas las personas que se encuentran en situación irregular,
  • realizar actividades de divulgación y suministro de información entre los migrantes en un idioma que entiendan y en formatos a los que puedan acceder
  • y establecer cortafuegos entre la aplicación de la ley de inmigración y la provisión de la vacuna COVID-19.
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Nadie está salvo hasta que todo el mundo esté a salvo: nuevo informe de REDER

  • Nuestro nuevo informe, presentado hoy, repasa la trayectoria de la Sanidad Universal en España, sus aportaciones fundamentales para la sociedad y la necesidad de recuperarla.

Hoy, 20 de abril, se cumplen nueve años de la imposición por parte del Gobierno del Partido Popular del Real Decreto-Ley 16/2012 que marcó un antes y un después en nuestro sistema sanitario y en la salud y la vida de miles de personas que fueron privadas del derecho a la atención sanitaria.

Hasta ese día, España se había convertido en un ejemplo por su sistema sanitario público: ofrecía una cobertura casi total a la ciudadanía, de gran calidad en sus prestaciones y servicios y sin coste (apenas modestos copagos) para los pacientes.

Tras muchos años de lucha, en 2018 el Gobierno socialista aprobaba el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Este RDL suponía un importante paso hacia la recuperación de la universalidad como pilar básico de nuestro sistema sanitario.

Sin embargo, no lo logró de forma completa y, hoy en día, nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a ciertos grupos de personas, como los residentes en España desde hace menos de 90 días o las personas que llegaron en procesos de reagrupación familiar. La nueva ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

Ante esta situación -agravada además como consecuencia de la pandemia-, el Ministerio de Sanidad anunció en noviembre un proceso para elaborar una nueva ley con la que pretende, entre otros objetivos, realizar modificaciones en el RDL 7/2018 para garantizar el derecho a la protección de la salud y devolver la universalidad al sistema sanitario. Una noticia positiva con una ley que debe tramitarse urgentemente; sin demora.

España debe retomar cuanto antes el camino a la sanidad universal. La Cobertura Sanitaria Universal ha demostrado mejorar la salud de la población, ser un factor de crecimiento y de redistribución económica, y fomentar la cohesión social. Además, la Cobertura Sanitaria Universal es un eje fundamental de la política internacional y de organismos como la OMS, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Son estas algunas de las conclusiones que presentamos en nuestro nuevo informe, Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, en el que se analiza la importancia y se ofrecen recomendaciones para contar con un Sistema Nacional de Salud plenamente universal, de tanta necesidad especialmente en un contexto sanitario como el actual, en el que la pandemia ha evidenciado de forma dramática el vínculo ineludible entre la salud individual y la colectiva.

Puedes leer el informe aquí o pinchando sobre la portada de abajo.

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