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Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal

Madrid, 25 de febrero de 2019.

Más de  300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta (adjunta PDF) a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo. 

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”. 

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  

// Qué hay que abordar urgentemente  

La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato: 

El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil. 

 

Aquí puedes leer la carta a la Ministra

 

 

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REDER alerta de las consecuencias del pacto de Gobierno en Andalucía sobre la salud de miles de personas

Se teme que quienes enfermen dejen de acudir a los centros sanitarios por miedo a sufrir una detención, lo que puede incrementar la mortalidad

 

Viernes, 11 de enero de 2019.- El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.  

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Cuatro meses después del nuevo decreto sobre sanidad universal, representantes de las comunidades autónomas y del Gobierno central deben abordar sus fallos y ambigüedades

  • REDER, Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal, solicitan la adopción de un reglamento que aclare la norma para blindar el derecho a la salud, que sigue en riesgo
  • Lamentan que cuatro meses después del nuevo Decreto Ley que pretendía recuperar la universalidad en el acceso a la salud todavía no se ha alcanzado ese objetivo

Madrid, 14 de noviembre.- Representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de la Administración central se reúnen este jueves en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado. REDER, Amnistía Internacional y Yo sí sanidad universal, junto a las organizaciones integradas en REDER, han recordado a las autoridades que, aunque el Real Decreto Ley 7/2018 (RDL) fue un paso en la dirección adecuada para recuperar la universalidad en el acceso a la salud, se deben abordar en este encuentro sus fallos y ambigüedades para lograr el objetivo pretendido. Para ello, solicitan la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud. Asimismo, las entidades piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos. El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el RDL como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las CCAA para aplicar RDL y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas.

En ese sentido, las organizaciones recuerdan que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal y como habían advertido, como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera restrictiva, limitando ese acceso a las personas migrantes en situación irregular. Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria.

Fallos, ambigüedades y obstáculos

El RDL tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las CCAA y en consecuencia, cada Comunidad Autónoma está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior RDL 16/2012. Las organizaciones alertan además de que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias). La consecuencia de esto es que en algunas CCAA se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud.

“No debemos olvidar que venimos de una situación regresiva, ya que el anterior Real Decreto Ley dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas. Si la finalidad del gobierno es conseguir que ninguna persona quede excluida de un derecho como es el acceso a la salud, éste debe estar blindado”, ha declarado Marta Mendiola, responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

“Barreras administrativas, ambigüedad en la ley que puede dar lugar a interpretar de manera restrictiva la norma, falta de armonía en los procedimientos y requisitos para obtener la tarjeta sanitaria: cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial”, ha añadido añadido Eva Aguilera, responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo.

Algunos requisitos administrativos son especialmente preocupantes como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Las organizaciones denuncian que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable, especialmente para aquellas con menos recursos económicos.

La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria”, denuncia Yo Sí Sanidad Universal.

Más información

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez publicó el pasado 30 de julio en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 7/2018, que se adoptó con el fin de revertir la situación creada por el Real Decreto Ley 16/2012, una medida regresiva y discriminatoria que dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas y que limitaba el derecho a la salud de algunos de los colectivos más vulnerables de la sociedad. Más de 12 mecanismos internacionales de protección de derechos humanos habían pedido la reforma del Real Decreto Ley 16/2012 y habían solicitado una evaluación exhaustiva del impacto en materia de derechos humanos de esta norma que ha estado vigente en los últimos años.

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La exclusión sanitaria persiste en España

  • Embarazadas y menores sin atención, cobros en urgencias y personas ancianas sin cobertura, algunos de los casos detectados
  • Madrid, Murcia y Galicia son algunas de las comunidades donde las barreras para conseguir atención sanitaria son más persistentes.
  • El informe “No dejar a nadie atrás” recoge las situaciones detectadas en los últimos tres meses.

Madrid, 25 de octubre de 2018.- El esperanzador retorno a la cobertura sanitaria universal aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio pasado está en punto muerto. Cada comunidad autónoma sigue aplicando la ley de manera distinta y eso da lugar a diferencias significativas entre ellas. Por eso, las organizaciones agrupadas en REDER piden al Ejecutivo que su celebrada medida para asegurar que todas las personas que viven en España tengan acceso a la sanidad se haga realidad en todos los centros de salud y hospitales de nuestro país.

 

Madrid y Murcia son dos de las comunidades en las que más dificultades para conseguir atención se han registrado en el último trimestre. En Galicia, aunque se ha rebajado la exigencia de empadronamiento de 6 a 3 meses, se siguen poniendo todo tipo de barreras a las personas migrantes que no tienen la documentación en regla, incluso derivándoles a la sanidad privada. Unas situaciones que se producen como consecuencia de una interpretación restrictiva del nuevo RDL.

Aunque la aprobación y posterior convalidación en el Congreso del Real Decreto Ley 7/2018 fue un paso muy positivo, la nueva ley no armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria. Tampoco asegura la asistencia a menores de edad, mujeres embarazadas y otros grupos de población especialmente vulnerables, o la atención en urgencias. Aclarar estas y otras situaciones exige la aprobación por parte del Ejecutivo del Reglamento que desarrolle el RDL 7/2018.    

El retraso en hacerlo ha provocado cinco problemas fundamentales:

  1. La existencia de 17 coberturas sanitarias distintas, una por cada comunidad autónoma. Cada una de ellas exige además distintos requisitos de acceso.
  1. La barrera del empadronamiento: la mayoría de las CCAA exigen hoy en día 3 meses de empadronamiento para poder acceder al sistema sanitario público, cuando ese requisito no figura en la ley. Esta es una cuestión a menudo insalvable, agravada en lugares como Melilla, donde el acceso al padrón está condicionado a que la persona se encuentre ya regularizada.
  1. La ley no especifica que los colectivos más vulnerables recibirán atención en cualquier circunstancia. Hablamos de embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, solicitantes de asilo y personas que requieran atención en urgencias. Al no explicitar esta garantía, algunas comunidades autónomas están pidiendo pagos por atención sanitaria a menores de edad y embarazadas, amparándose en una interpretación restrictiva de la norma.
  1. Los requisitos administrativos que se exigen para acceder al sistema público de salud son a menudo imposibles de cumplir. Incluso se pide a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo obviamente inviable.
  1. Las personas ascendientes reagrupadas -madres y padres de migrantes regularizados que han llegado a España a través de un proceso perfectamente legal- siguen sin recibir la tarjeta sanitaria. Se encuentran en un círculo vicioso, porque ni consiguen atención pública ni privada, puesto que por su edad y sus enfermedades crónicas ningún seguro les cubre. A pesar de que la Justicia ha dado la razón a las familias afectadas, la exclusión persiste.

Con esta información, es evidente que el Gobierno no puede aplazar más la adopción del Reglamento que armonice la aplicación del RDL en todo el territorio, garantizando el acceso a la atención sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas independientemente de su situación administrativa o su comunidad autónoma de residencia.

 

Puedes leer el informe completo aquí

 

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El principio del fin de la exclusión sanitaria

Las organizaciones integradas en REDER confían en que el Congreso convalide el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud y exigen al Gobierno la pronta aprobación de su Reglamento para garantizar la asistencia en igualdad de condiciones a todas las personas que viven en España

 

Madrid, 5 de septiembre de 2018.- Un paso positivo hacia una meta aún distante. Esta es la valoración que hace la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 del nuevo Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud aprobado por el Consejo de Ministras y Ministros a finales de julio. Ante el anuncio de que mañana 6 de septiembre el Congreso votará la convalidación de esta medida, las organizaciones integrantes de REDER confían en un resultado positivo de dicha votación, pero también recuerdan al Gobierno que aún queda un importante camino por recorrer hasta poner el fin definitivo a la exclusión sanitaria.

Transcurridos seis años desde la imposición de la reforma sanitaria de 2012, las heridas que esta ha dejado en el sistema son aún profundas: enfermedades graves y crónicas desatendidas - sólo desde enero de 2014 REDER ha documentado 68 casos de cáncer, 88 de enfermedades cardiovasculares, 45 de VIH o 116 de diabetes -, inequidad territorial en el acceso a la salud (con diferencias en el acceso a la salud dependiendo de la comunidad autónoma de residencia) o la instauración de discursos falsos (“el sistema no tiene capacidad para atender a todo el mundo”, “las personas migrantes abusan de la sanidad”, etc.) que profundizan la marginación de estos colectivos y alientan actitudes xenófobas. Estos son sólo algunos de los desafíos a los que debe dar respuesta el nuevo marco normativo.

En este sentido, las organizaciones de REDER consideramos plenamente justificada la situación de urgencia que motiva la adopción del Real Decreto-Ley 7/2018 y damos la bienvenida a la intención de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, tal y como se manifiesta en su Exposición de motivos. Asimismo valoramos muy positivamente la eliminación de las figuras de persona asegurada y beneficiaria para recuperar la noción de la salud como un derecho. No obstante no podemos dejar de expresar nuestra preocupación sobre cómo quedan reguladas en el articulado determinadas cuestiones:

  • Las personas extranjeras no autorizadas ven reconocido su derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, pero no son consideradas titulares de dicho derecho, pues esta titularidad queda limitada a aquellas de nacionalidad española y extranjeras con residencia legal. Esta distinción resulta discriminatoria e injustificable desde una perspectiva de derechos humanos.
  • El derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos se supedita a que la persona demuestre que no se encuentra en situación de estancia temporal, es decir que lleve más de 90 días en territorio español. Esta exigencia establece una presunción de que por debajo de los tres meses cualquier persona es una turista sanitaria – salvo informe de trabajo social que acredite lo contrario –, lo que supone reincidir en la confusión entre migrante y turista sanitario, tantas veces desmontada.
  • El texto actual no garantiza la asistencia con cargo a fondos públicos en todo caso – y particularmente durante ese periodo de 90 días – a menores, mujeres embarazadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata, así como la asistencia de urgencia hasta el alta médica, algo que de no concretarse supondría una regresión respecto a lo previsto al respecto por el RDL 16/2012.
  • Si no se flexibiliza, la exigencia de prueba de no poder “exportar el derecho” desde su país de origen puede terminar resultando una barrera insalvable para muchas personas. Así lo hemos constatado las organizaciones de REDER en relación con determinadas nacionalidades cuyos consulados no emiten dicha documentación, lo que las obliga a desplazarse hasta su país de origen.
  • Nos preocupa que la nueva normativa no de respuesta a una de las exclusiones más sangrantes como es la de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar. Conforme a la legislación de extranjería, estas personas deben contar con un seguro médico, algo muy difícil y muy costoso de conseguir para personas de edad avanzada y débil estado de salud. De este modo el INSS les deniega sistemáticamente la tarjeta sanitaria, a pesar de que existen múltiples sentencias judiciales que les reconocen este derecho. La nueva regulación debería reconocérselo de forma inequívoca en las mismas condiciones que cualquier otra residente en España.

Desde REDER creemos que muchas de estas cuestiones son fácilmente subsanables a través del Reglamento que deberá desarrollar este Real Decreto-Ley y concretar los requisitos y procedimientos para acceder a la asistencia sanitaria. Por ello las organizaciones de REDER recomendamos:

  • A los grupos parlamentarios, muy particularmente a aquellos que suscribieron el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal en septiembre de 2017, que voten a favor de convalidar el RDL 7/2018
  • Al Gobierno, que sin mayor dilación proceda a aprobar el Reglamento de desarrollo, dando respuesta a las preocupaciones arriba mencionadas, de modo que ninguna persona que viva en España se quede fuera del sistema sanitario.
  • A los Gobiernos autonómicos y Consejerías de Salud, que en la implementación de esta normativa adopten procedimientos flexibles y garantistas que eviten que la exigencia de determinados requisitos administrativos pueda convertirse en una barrera para que las personas puedan acceder a la atención sanitaria pública.
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La sociedad civil, satisfecha tras su primera reunión con la ministra de Sanidad

Las organizaciones integradas en REDER plantearon sus recomendaciones para que la nueva normativa garantice la cobertura sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas que viven en España

 

MADRID, 22 DE JUNIO DE 2018.  “Esperanzador y muy positivo”. Así califican desde la plataforma REDER -compuesta por más de 300 organizaciones- la reunión que han mantenido esta semana sus representantes con la ministra de Sanidad, junto a otras entidades como Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal o los sindicatos mayoritarios. El objetivo del encuentro era comenzar el proceso de retorno a la sanidad universal en España, empezando así a hacer realidad el anuncio del último Consejo de Ministras y Ministros.

 

Las entidades valoran especialmente que desde el Gobierno se cuente con la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de la nueva política sanitaria. La ministra escuchó de manera muy abierta las recomendaciones planteadas y se comprometió a intentar incorporarlas en la nueva normativa.

Muy destacable es también la concepción de la salud como derecho humano fundamental a la que se adhiere la máxima responsable en esta área. De hecho, Carmen Montón anunció estar dispuesta a cambiar “todo lo que haga falta” para garantizar este derecho.

Al contrario de lo que supuso el RDL 16/2012 – impuesto por el Gobierno del PP sin consultar y contra el criterio de la sociedad civil – la elaboración de la nueva política sanitaria ha comenzado contando con la participación de aquellas organizaciones que hemos estado plantando cara a la exclusión sanitaria desde el primer momento y que conocemos de primera mano cuales han sido sus devastadores efectos, gracias a nuestro trabajo directo con personas en situación de vulnerabilidad. También hemos sufrido su consecuencias perversas, en términos de fragmentación del Sistema Nacional de Salud, de la arbitrariedad y discrecionalidad de su aplicación y de las distorsiones generadas tanto dentro del propio sistema de salud como en toda la sociedad. La ministra reconoció y agradeció este papel a las organizaciones presentes.

Desde REDER manifestamos nuestra disposición a continuar colaborando con el Ministerio, a quien ya hemos trasladado nuestras recomendaciones, que se concretan en:

·         Recuperar la noción de la salud como un derecho inalienable de todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o situación administrativa. Para ello reclamamos la eliminación de las figuras de asegurado y beneficiario. Desde REDER queremos recordar que si bien las personas en situación irregular fueron las principales víctimas de la injusticia perpetrada en 2012, no han sido las únicas. Colectivos como las familiares ascendientes que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, o personas de nacionalidad comunitaria y bajos recursos han sufrido también los efectos de la exclusión sanitaria y no pueden quedarse fuera de la nueva cobertura sanitaria.

·         El objetivo primordial de la nueva norma debe ser evitar que nadie se quede al margen del sistema. Por tanto, debe garantizarse que ningún requisito administrativo que se exija acabe suponiendo una barrera insalvable para acceder a la asistencia sanitaria.

·         Deben revisarse los copagos introducidos en 2012 así como la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública que afecta de forma desproporcionada a las personas más vulnerables.

·         La nueva normativa debe venir acompañada de campañas formativas al personal administrativo y sanitario para una correcta aplicación de la misma. La ministra ha coincidido con esta necesidad, porque “es necesario ganar la batalla de la demagogia”.

·         También son necesarias campañas divulgativas a la sociedad en general, orientadas a mejorar la comprensión de nuestro Sistema Nacional de Salud, sus características y bondades en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

 

Garantizar la universalidad del derecho a la atención sanitaria es una medida que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas. De hecho, la mayoría de ellas legislaron para sortear la aplicación del RD16/2012 y atender a la población excluida. También cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos con representación -salvo  PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias-, que en 2017 firmaron un Pacto, junto con más de 70 organizaciones, para devolver el derecho universal a la atención sanitaria y defender el Sistema Público de Salud.

La exclusión sanitaria ha sido además condenada de forma reiterada por diversos organismos de derechos humanos, por ser contrario a las obligaciones internacionales de España. Así lo ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por tanto, una vez sea aprobado el nuevo RDL anunciado por el Gobierno, también supondrá la vuelta de España a la legalidad internacional, algo que las organizaciones de REDER consideremos fundamental. 

Por último, no podemos dejar de reivindicar el papel ejercido por la sociedad civil durante estos seis años y sin la cual no se puede entender este momento. Desde profesionales del sector sanitario que ejercieron de forma valiente la objeción de conciencia y siguieron atendiendo a todas las personas sin distinción, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron para tejer redes de apoyo y acompañamiento para que nadie se quedara sin asistencia sanitaria. El trabajo incansable de denuncia de la injusticia generada por el RDL 16/2012 – a través de informes, acciones de calle y trabajo con responsables políticos – ha permitido mantener la cuestión en agenda y fortalecer los argumentos sobre los que ahora se sustenta este cambio. A todas ellas nuestro agradecimiento y enhorabuena.

 

MÁS SOBRE REDER

REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento.

REDER se funda en XXX como una respuesta a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno a partir del Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. Por ello, REDER defiende la atención sanitaria pública, universal y sin repagos, por lo tanto, está en contra de cualquier tipo de red paralela al Sistema Nacional de Salud.

REDER está coordinado por un Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). De su mano se han ido sumando otras organizaciones, colectivos y redes 

 

PRENSA

Anna Serrano

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Es la hora de la sanidad universal

La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012 

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de “retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla

Amnistía Internacional

ANESVAD

Apoyo Positivo

ARI-PERU

Asociación Camino de Fe y Esperanza

Asociación "El Pueblo que queremos"

Asociación de Enfermería Comunitaria

Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Asociación Sociocultural Entre Mares

Associació Salut i Família

CALCSICOVA

Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)

Comisiones Obreras (CCOO)

Comité 1r de desembre

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos

Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)

Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)

Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)

Foro Galego de Inmigración

Fundación BACHUE

Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)

Médicos del Mundo

Medicusmundi

Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)

Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)

Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria

Red Acoge

Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)

Red Transnacional de Mujeres

Salud por Derecho

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)

Trabajando en Positivo

Unión General de Trabajadores (UGT)

Unión Sindical Obrera (USO)

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La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

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La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia reprende al Gobierno español por la exclusión sanitaria

En marzo de 2017, una delegación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia visitó España reuniéndose con diversos representantes gubernamentales y de la Sociedad Civil para determinar el grado de cumplimiento del Estado Español con los Derechos Humanos de las minorías.

Ahora, casi un año después la Comisión ha publicado sus conclusiones y recomendaciones. En ellas condena al Gobierno español por la regresión de derechos que supuso el Real Decreto-Ley 16/2012 al eliminar el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas en situación administrativa irregular. Asimismo, recomienda al Gobierno la elaboración de un informe de impacto que dichas medidas han tenido sobre la población excluida - una petición largamente demandada por la sociedad civil - y le exige la pronta adopción de medidas que garanticen el derecho a la salud de todas las personas migrantes.

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El TC declara nula la ley navarra que reconoce el derecho a asistencia sanitaria gratuita

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario navarro, al considerarla "incompatible" con la regulación estatal.

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