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Publicación del 10º Informe de ODUSALUD

La pasada semana, coincidiendo con el 3er aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), una de las organizaciones fundadoras de REDER, publicó su 10º informe sobre inatenciones en la Comunitat Valenciana, habiendo constatado 1252 de denegación de asistencia, entre los que destaca un aumento en la negativa de atención a menores sin tarjeta santiaria, lo que constituye una vulneración flagrante de una de las excepciones del propio RDL.

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Las restricciones legislativas y económicas aumentan todavía más las barreras para acceder a la Salud

Los recortes en financiación a nivel nacional e internacional y las restricciones legislativas al derecho a la salud están dado lugar a una situación de desprotección de la ciudadanía, especialmente llamativa en un mes de abril declarado como “Mes de la salud” por la Comisión Europea

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Cambiar algo para no cambiar nada

La rectificación parcial anunciada esta mañana por el Ministro de Sanidad Alfonso Alonso del Real Decreto Ley 16/2012  en el que señalaba que “las personas inmigrantes sin papeles tendrían acceso a la atención primaria, si bien no se les otorgaría la Tarjeta Sanitaria “  no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años. 

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Los especialistas en VIH critican la exclusión sanitaria de los sin papeles

Según el estudio publicado por el Grupo de Estudio del Sida (GeSida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), un amplio porcentaje de de médicos expertos en enfermedades infecciosas ha evidenciado que la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular, como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012, ha dificultado notablmente su tarea. La consecuencia no es sólo una violación de los derechos de las personas afectadas si no la generación de un riesgo para la salud pública.

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El auto del Tribunal Constitucional, un mensaje claro al Gobierno

Madrid, 18 de diciembre de 2012.- Desde Médicos del Mundo valoramos positivamente el auto del Tribunal Constitucional en el que acepta la vigencia del decreto aprobado por el anterior ejecutivo vasco para seguir facilitando atención sanitaria a personas migrantes en situación administrativa irregular.
Es muy relevante que el Tribunal Constitucional no se centre solo en el conflicto de competencias, sino que entre en argumentos de fondo, entendiendo la salud como un derecho humano que es necesario garantizar, y que no puede verse limitado por un eventual ahorro económico, como recuerda literalmente el Tribunal:

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Los tribunales rechazan la exclusión sanitaria de la Seguridad Social a inmigrantes reagrupados

Hilda Castro, pensionista venezolana de 77 años, reside de manera legal en España desde 2011. Obtuvo su permiso de residencia como familiar de su hija Zulay, que ya cuenta con la nacionalidad española. Sin embargo, la Seguridad Social le negaba el derecho a la tarjeta sanitaria, porque le exigía "un seguro médico privado", cuenta su abogada, Laia Costa. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza los argumentos de la administración, como ya hizo el de Castilla y León, y sienta otro precedente para los muchos ancianos que recibieron la misma negativa. Para el caso concreto de los ascendientes reagrupados, los especialistas ven en la vía judicial una oportunidad, "pero la solución más amplia debe ser política", aseguran.

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Se cumplen dos años del decreto que dejó sin sanidad pública a 873.000 'sin papeles'

Al 16/2012 Lo llamaron real decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Pretendía asumir un recorte de 7.000 millones de euros en Sanidad y contemplaba las siguientes medidas: dejar de pagar las prótesis ambulatorias y transporte sanitario no urgente, aumento del 'copago' farmacéutico, exclusión de la prestación para algunos fármacos y la anulación de las tarjetas sanitarias para menores de 26 años que no cotizaran y  para extranjeros indocumentados.

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