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Publicación del 11º Informe de ODUSALUD

El pasado lunes, coincidiendo con el 3er aniversario de la retirada de más de 800.000 tarjetas sanitarias como consecuencia del Real Decreto-Ley 16/2012, El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), una de las organizaciones fundadoras de REDER, publicó su 11º informe sobre inatenciones en la Comunitat Valenciana, habiendo constatado 1338 de denegación de asistencia.

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Aragón, Valencia, Baleares y Cantabria devuelven la sanidad a los inmigrantes

El cambio de Gobierno en algunas autonomías tras las elecciones de mayo ha propiciado que varios miles de personas en España tengan de nuevo acceso a la sanidad gratuita. Con el Real Decreto-Ley 16/2012, el Ejecutivo nacional dejó fuera de la asistencia sanitaria a unas 870.000 personas, sobre todo inmigrantes en situación irregular. Ahora, Valencia, Baleares, Aragón y Cantabria han modificado su legislación para incluir en sus Sistemas de Salud a aquellos que se quedaron fuera en 2012.

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ONG y asociaciones profesionales sanitarias piden al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal

Seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará mañana 29 de julio en Madrid

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Publicación del 10º Informe de ODUSALUD

La pasada semana, coincidiendo con el 3er aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), una de las organizaciones fundadoras de REDER, publicó su 10º informe sobre inatenciones en la Comunitat Valenciana, habiendo constatado 1252 de denegación de asistencia, entre los que destaca un aumento en la negativa de atención a menores sin tarjeta santiaria, lo que constituye una vulneración flagrante de una de las excepciones del propio RDL.

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Las restricciones legislativas y económicas aumentan todavía más las barreras para acceder a la Salud

Los recortes en financiación a nivel nacional e internacional y las restricciones legislativas al derecho a la salud están dado lugar a una situación de desprotección de la ciudadanía, especialmente llamativa en un mes de abril declarado como “Mes de la salud” por la Comisión Europea

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Cambiar algo para no cambiar nada

La rectificación parcial anunciada esta mañana por el Ministro de Sanidad Alfonso Alonso del Real Decreto Ley 16/2012  en el que señalaba que “las personas inmigrantes sin papeles tendrían acceso a la atención primaria, si bien no se les otorgaría la Tarjeta Sanitaria “  no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años. 

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Los especialistas en VIH critican la exclusión sanitaria de los sin papeles

Según el estudio publicado por el Grupo de Estudio del Sida (GeSida) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), un amplio porcentaje de de médicos expertos en enfermedades infecciosas ha evidenciado que la exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes en situación irregular, como consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012, ha dificultado notablmente su tarea. La consecuencia no es sólo una violación de los derechos de las personas afectadas si no la generación de un riesgo para la salud pública.

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El auto del Tribunal Constitucional, un mensaje claro al Gobierno

Madrid, 18 de diciembre de 2012.- Desde Médicos del Mundo valoramos positivamente el auto del Tribunal Constitucional en el que acepta la vigencia del decreto aprobado por el anterior ejecutivo vasco para seguir facilitando atención sanitaria a personas migrantes en situación administrativa irregular.
Es muy relevante que el Tribunal Constitucional no se centre solo en el conflicto de competencias, sino que entre en argumentos de fondo, entendiendo la salud como un derecho humano que es necesario garantizar, y que no puede verse limitado por un eventual ahorro económico, como recuerda literalmente el Tribunal:

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