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REDER ante el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril

En pleno inicio de las vacaciones de Agosto, el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado en su día por el Parlamento de Navarra sobre el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) que impuso a golpe de excepcionalidad la exclusión sanitaria. Esta es una decisión más que preocupante y que ha dividido al propio Tribunal como muestran los tres votos particulares que disienten de la posición mayoritaria.

Ante esta decisión, decepcionante a todas luces, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER – manifiesta lo siguiente:

  • Su total desacuerdo con la sentencia que viene a avalar las posiciones políticas del Gobierno del Partido Popular, defendidas por la Abogacía del Estado. En este sentido nuestra red coincide básicamente con los argumentos expresados en los votos particulares presentados.
  • Recuerda además que el partido del Gobierno aprobó el citado RDL con carácter de urgencia, eludiendo el debate público y en contra del criterio de todos los demás grupos parlamentarios; así como expertos en Salud Pública, Sociedades científicas, sectores profesionales y organizaciones concernidas de la Sociedad civil. En la exposición de motivos del citado RDL no sólo no se fundamenta en absoluto la relación entre los cambios sustantivos que se introducen y la sostenibilidad del SNS, sino que además no se resuelven los problemas que dice la norma pretende resolver como los supuestos del llamado “turismo sanitario” y el pago de los ciudadanos comunitarios residentes temporal o permanentemente en España. A día de hoy aún no ha sido publicada memoria económica alguna que justifique la medida adoptada.
  • La exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria (excepto en el caso de menores, mujeres embarazadas y urgencias), es una medida regresiva en materia de Derechos Humanos y contraria a las obligaciones internacionales del Estado español, tal y como han reiterado múltiples instituciones europeas y de Naciones Unidas. Cabe recordar que la propia Constitución prevé la incorporación al ordenamiento constitucional de los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contempla en su artículo 12 la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
  • El Tribunal Constitucional en su sentencia alega que “el que los poderes públicos deban organizar las prestaciones y servicios necesarios para garantizar la protección de la salud, no significa que estas prestaciones hayan de ser necesariamente gratuitas para todos los potenciales destinatarios”. Desde REDER queremos recordar que una cosa es la gratuidad en el punto de uso y otra muy distinta la contribución a la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que realizan todas las personas que viven y consumen en España, pues este se sostiene a través de impuestos – directos e indirectos. Así, las personas inmigrantes en situación irregular contribuyen – a través de su consumo diario y de la riqueza que generan con su trabajo – al sostenimiento de un sistema de salud del que son injustamente excluidas.
  • La Sentencia del TC contradice anteriores opiniones, expresadas en los autos de levantamiento de la suspensión de las normativas específicas de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunitat Valenciana que argumentaban que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”. Frente a la primacía otorgada en aquellas decisiones al derecho a la salud, la nueva decisión subordina ahora este a criterios economicistas, sentando un peligroso precedente.
  • El RDL es una medida injusta desde la óptica de derechos, pero resulta además ineficaz desde la perspectiva de salud pública al contradecir el principio de prevención que debe guiar todo sistema sanitario público. Más aún, es ineficiente desde el punto de vista económico pues no sólo traslada los costes de la Asistencia Primaria a las urgencias (más caras), sino que persigue el ahorro a costa de un colectivo – las personas inmigrantes en situación irregular – cuyo uso del sistema sanitario es significativamente inferior proporcionalmente al del resto de la población,  de acuerdo con la evidencia científica disponible.
  • En términos políticos y sociales, el RDL 16/2012 marca un antes y un después en la configuración del Sistema Nacional de Salud (SNS). Excusándose en el supuesto riesgo de colapso del SNS como consecuencia de la crisis económica, impone una profunda modificación del sistema que rompe con una tendencia progresiva hacia la universalización de la asistencia sanitaria basada en la Constitución Española (1978), promovida con la Ley General de Sanidad (1986), continuada por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011).
  • Pero seguramente la mayor regresión se da en la propia concepción del sistema mediante la sustitución del concepto de ciudadanía por el de aseguramiento para tener derecho a la asistencia sanitaria. Es decir, el derecho a la salud y la asistencia sanitaria se genera no por la condición de ciudadano, si no por el de asegurado. Lo cual significa retrotraernos a los tiempos preconstitucionales, anteriores a nuestro SNS, donde existía la asistencia de la Seguridad Social para los asegurados y la beneficencia para el resto. Teniendo además en cuenta, que desde los años 80 se ha ido incrementando progresivamente la financiación del Sistema a través de impuestos y disminuyendo la contribución de la SS.
  • REDER seguirá trabajando para conseguir la derogación del RDL y por la universalización del derecho a la salud para todas las personas independientemente de su situación administrativa. Seguiremos defendiendo que para ello son necesarios Sistemas de Salud financiados por impuestos y sin pagos en el momento de la asistencia; que garantizan el derecho a la salud y su protección, promoción y asistencia en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación.
  • Ante esta situación, REDER pide:
  • A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.
  • Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
  • Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.
  • A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de Abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud.
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La sentencia del Tribunal Constitucional sobre exclusión sanitaria ignora los tratados de derechos humanos firmados por España

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC reiteran que la reforma sanitaria contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y es regresiva respecto al derecho a la salud 

Madrid.- Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) muestran su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el Real Decreto Ley 16/2012 (en adelante, RDL) y consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Las organizaciones lamentan que el Tribunal Constitucional ignore los tratados internacionales y las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, cuando la propia Constitución obliga a interpretar los derechos contenidos en ésta a la luz de los tratados internacionales. Al contrario, en esta sentencia el Tribunal Constitucional da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales.

El Tribunal Constitucional, mediante esta sentencia, legitima la reforma sanitaria bajo la premisa de la existencia de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, considera proporcionado limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación administrativa irregular, colectivo que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad, con el fin de, según la sentencia, preservar el mantenimiento del sistema sanitario público. De este modo, consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España.

Las organizaciones señalan que el Tribunal Constitucional ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es estado parte: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un Estado.

Las organizaciones también muestran su preocupación por la ausencia de un análisis detallado y ponderado que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” a la que se refiere la sentencia que respalda un recorte en el derecho a la salud con potenciales impactos graves en la población afectada.

Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

Conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física

El Tribunal Constitucional estima en su sentencia que la reforma sanitaria no constituye una vulneración del derecho a la salud, considerado un mero “principio rector de política económica y social”. Las organizaciones lamentan esta interpretación tan restrictiva, que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho, sin tener en cuenta las obligaciones que imponen a las autoridades españolas los tratados internacionales que regulan el derecho a la salud, de los que España es parte.

Igualmente, el Tribunal considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, puesto que, según la sentencia, esta está garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, la falta de acceso a sistemas de prevención en atención primaria así como a cuidados especializados o paliativos podrían tener un grave impacto en la vida de estas personas.

Además, el Tribunal Constitucional obvia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, algo que sí destaca en sus autos anteriores sobre la legislación vasca y navarra respecto a la universalidad del derecho a la salud. En ellos, el Tribunal afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Sin embargo, en la reciente sentencia, el Tribunal concluye que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar y la situación económica que se pretende controlar”. En este sentido, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC recuerdan que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación” y han instado a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud.

Además, el Tribunal Constitucional parece obviar que, en tanto que el sistema sanitario público español se financia a través de impuestos directos e indirectos, estas personas también contribuyen a su sostenibilidad.

Las organizaciones renuevan su compromiso y esfuerzo por conseguir la vigencia plena del derecho a la salud universal en España y, por tanto, continúan exigiendo al Gobierno y al Congreso la derogación del RDL y la restitución de un sistema de acceso universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa.

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La Seguridad Social deja a personas sin sanidad en comunidades con leyes para evitar la exclusión

Las 'cloacas' de la exclusión sanitaria en España en la actualidad, ocultas y casi imperceptibles para la mayoría de las personas, suelen tener un punto en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la conclusión de un nuevo informe de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que ha reunido casos de denegación de acceso al sistema de salud público de inmigrantes con permiso de residencia y de españoles, en regiones incluso que aprobaron normas para devolver la "universalidad" a sus comunidades tras la reforma sanitaria de 2012.

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"Llevo meses en Melilla y nadie me ha hablado sobre mis derechos sanitarios"

Si se le pregunta por la asistencia sanitaria a un migrante que huyó de su país, que vivió de la caridad y de los restos, y luego trepó una valla erizada de seis metros antes de esquivar a los agentes de la Guardia Civil, probablemente se encoja de hombros. Pocos de quienes llegan a Ceuta y Melilla son conscientes de la cobertura médica a la que tienen derecho porque, hasta su llegada, sus prioridades han sido otras. Y cuando alcanzan Europa, la información que se les ofrece es escasa e incompleta.

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La Seguridad Social avisa a Extranjería para expulsar a inmigrantes reagrupados sin tarjeta sanitaria

Su 'error' fue pedir la tarjeta sanitaria. Los ascendientes, en su mayoría ancianos, reagrupados por sus familiares en España se enfrentan a la siguiente situación: la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Además, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública.

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Marginados hasta en la sanidad

La Generalitat ha entregado, en cuatro años, 170.000 tarjetas sanitarias especiales a ciudadanos extranjeros a los que el Gobierno del PP excluyó en el 2012 con su reforma sanitaria. Sin embargo, todavía hay un número "importante” de excluidos, según la Conselleria de Salut, que no tiene acceso a la cobertura. Carlos Losana, portavoz de la Plataforma por una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) critica que, precisamente, el colectivo con más problemas de salud es el más vulnerable.

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Sanidad: un derecho convertido en negocio

Aumento de las reclamaciones de pacientes y listas de espera, exclusión, reducción del gasto, copago o despido del personal. Esto es parte del resultado en sanidad del gobierno del Partido Popular, marcada por los recortes y una nueva ley que imponía una reforma del sistema. Una etapa que, cuatro años después, ha convertido a la sanidad española en un jugoso pastel de privatizaciones a costa de devaluar su calidad.

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Un aniversario sin nada que celebrar

20 de abril de 2016. Son las 12 del mediodía y el cielo plomizo de Madrid amenaza con aguacero. Frente a la puerta del Ayuntamiento la alcaldesa Manuela Carmena posa con parte de su equipo municipal sosteniendo en la mano su tarjeta sanitaria. Como ella, concejalas y concejales repiten el mismo gesto en Barcelona, A Coruña, Santiago, Donostia, Huesca o Albacete entre otros municipios. Actos similares se repiten frente al Congreso de los Diputados así como ante los parlamentos autonómicos de Madrid, Catalunya, Galiza o Cantabria. Quieren recordar que hace cuatro años las personas inmigrantes en situación irregular vieron como les era arrebatado el derecho a la asistencia sanitaria que la legislación les reconocía hasta entonces. Ese día, El Gobierno, utilizando la vía de emergencia que le facultaba a sustraer la cuestión del debate parlamentario, aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, modificando radicalmente el sistema sanitario español y empujando a los márgenes de este a más de 800.000 personas.

Estos han sido cuatro largos años de vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud de tantas y tantos inmigrantes en nuestro país. La constatación de que la exclusión mata – como tristemente ocurrió en los casos de Alpha Pam ó Carlos Duffy –, las repetidas condenas de organismos internacionales y europeos de Derechos Humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos economicistas de la Administración – demostrando que resulta más barato para el sistema dar asistencia normalizada que a través de urgencias –, parecen haber caído en saco roto. Ni siquiera la opinión del propio Tribunal Constitucional manifestando que un derecho esencial no puede verse recortado en base a un hipotético ahorro económico ha conseguido que el Gobierno recule y revierta la reforma sanitaria.

Pero estos cuatro años también han visto luchas y resistencias que poco a poco han ido dando algunos frutos. Organizaciones sociales, asociaciones profesionales, plataformas ciudadanas y médicas y médicos valientes que permaneciendo fieles a su juramento hipocrático han seguido atendiendo de forma casi clandestina a inmigrantes en situación irregular, se movilizaron de forma inmediata constituyendo la primera línea de resistencia frente a la exclusión sanitaria. También algunas comunidades autónomas – Andalucía, Asturies, Catalunya, Navarra, Euskadi – se negaron a asumir la normativa y desarrollaron programas propios con los que paliar el impacto de la misma, otorgando con ello acceso al sistema sanitario público a muchos de los colectivos excluidos. Tras las elecciones autonómicas del año pasado el número de comunidades con este tipo de programas ascendió hasta alcanzar las quince – todas excepto Castilla y León y La Rioja – conformando una amplia oposición territorial al RDL.

Ahora, con motivo del aniversario de la aprobación del RDL 16/2012, esta oposición se ha manifestado con fuerza para exigir al Gobierno que ponga fin de una vez por todas a la exclusión sanitaria. Junto a las concentraciones a las que hacíamos referencia al principio de este artículo, ayuntamientos y parlamentos autonómicos en doce comunidades autonómicas han aprobado mociones municipales y Proposiciones No de Ley conminando al Gobierno a restituir un sistema de acceso universal para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de su situación administrativa. Y no es poca la urgencia, pues tal y como se recoge en el último informe publicado por REDER, sólo entre agosto de 2015 y marzo de 2016 hemos tenido constancia de 541 casos de personas cuyo derecho a la salud se ha visto vulnerado.

Así pues, tras las elecciones de este domingo, el Parlamento y el Gobierno que surjan de las urnas tendrán la responsabilidad ineludible de reformar el RDL 16/2012 para restituir la universalidad que nunca debimos haber perdido, convirtiendo con ello el 20 de abril de 2012 en un simple mal recuerdo… Y desde la Sociedad Civil seguiremos luchando para asegurar que así sea.

CarmenaCongreso

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Salud universal en Aragón: una asignatura pendiente

LA PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL DE ARAGON se constituyó hace cuatro años con el fin de visibilizar y denunciar la exclusión sanitaria que ha supuesto la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 y está integrada por más de 30 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Cuatro años después de la puesta en marcha del RDL en Aragón, a pesar de las diversas medidas paliativas que se han ido aprobando, la sanidad universal sigue siendo una asignatura pendiente.


Así, fruto de la presión ejercida por la Plataforma Salud Universal y otras entidades, el Gobierno PP-PAR creó en abril de 2013 el Programa de Protección Social de la Salud Pública. Posteriormente, ya en 2015 y con el cambio de legislatura, el gobierno PSOE-CHA puso en marcha la Instrucción de 7 de agosto que regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón a las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes, ni cobertura de asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, aunque positivas, no han sido suficientes porque siguen dejando fuera a personas que no reúnen los requisitos.


De este modo, y a pesar de constituir una clara mejora en relación a la medida del Gobierno anterior, la nueva instrucción sigue sin cumplir el compromiso que firmaron la mayoría de los grupos parlamentarios en abril de 2015: restituir el derecho universal a la salud para todas la personas que viven en Aragón, terminar con la facturación por la atención en urgencias y mejorar la información sobre las situaciones especiales.


En vista de la situación anteriormente descrita, se hace evidente que el fin definitivo de la exclusión sanitaria y la restitución de un sistema sanitario verdaderamente universal sólo pueden llegar a través de una modificación legislativa de alcance nacional. Mientras eso sucede, pedimos al Gobierno de Aragón que cumpla con los acuerdos firmados en la declaración institucional de abril de 2015, en base al art. 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón por el que se reconoce la universalidad del acceso a la atención sanitaria.


Mientras tanto, y desde las organizaciones que forman la Plataforma Salud Universal, se han atendido más de 900 casos, 617 entre enero 2014 y julio 2015 y 328 entre agosto 2015 y junio 2016 (cuando ya estaba en vigencia la nueva instrucción). Todos ellos se corresponden con personas que estaban excluidas del sistema sanitario.


La cifra de personas excluidas en la actualidad del sistema sanitario aragonés, según datos del Gobierno de Aragón es de 6.000 personas, según la PSU es de muchas más; pero en cualquier caso, hablamos de muchas personas que están viendo vulnerado su derecho a la salud, que siguen excluidas del sistema sanitario y cuyas vidas están en juego.

rueda prensa

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Cantabria recurrirá la sentencia contra la inclusión en el sistema público de sus habitantes

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha expresado la intención de su Gobierno de recurrir la sentencia que anula la orden de inclusión en el sistema sanitario público de todos los residentes en la comunidad, con la intención de defender la asistencia sanitaria universal.

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