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La sentencia del Tribunal Constitucional sobre exclusión sanitaria ignora los tratados de derechos humanos firmados por España

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC reiteran que la reforma sanitaria contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y es regresiva respecto al derecho a la salud 

Madrid.- Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) muestran su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el Real Decreto Ley 16/2012 (en adelante, RDL) y consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Las organizaciones lamentan que el Tribunal Constitucional ignore los tratados internacionales y las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, cuando la propia Constitución obliga a interpretar los derechos contenidos en ésta a la luz de los tratados internacionales. Al contrario, en esta sentencia el Tribunal Constitucional da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales.

El Tribunal Constitucional, mediante esta sentencia, legitima la reforma sanitaria bajo la premisa de la existencia de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, considera proporcionado limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación administrativa irregular, colectivo que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad, con el fin de, según la sentencia, preservar el mantenimiento del sistema sanitario público. De este modo, consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España.

Las organizaciones señalan que el Tribunal Constitucional ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es estado parte: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un Estado.

Las organizaciones también muestran su preocupación por la ausencia de un análisis detallado y ponderado que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” a la que se refiere la sentencia que respalda un recorte en el derecho a la salud con potenciales impactos graves en la población afectada.

Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

Conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física

El Tribunal Constitucional estima en su sentencia que la reforma sanitaria no constituye una vulneración del derecho a la salud, considerado un mero “principio rector de política económica y social”. Las organizaciones lamentan esta interpretación tan restrictiva, que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho, sin tener en cuenta las obligaciones que imponen a las autoridades españolas los tratados internacionales que regulan el derecho a la salud, de los que España es parte.

Igualmente, el Tribunal considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, puesto que, según la sentencia, esta está garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, la falta de acceso a sistemas de prevención en atención primaria así como a cuidados especializados o paliativos podrían tener un grave impacto en la vida de estas personas.

Además, el Tribunal Constitucional obvia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, algo que sí destaca en sus autos anteriores sobre la legislación vasca y navarra respecto a la universalidad del derecho a la salud. En ellos, el Tribunal afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Sin embargo, en la reciente sentencia, el Tribunal concluye que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar y la situación económica que se pretende controlar”. En este sentido, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC recuerdan que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación” y han instado a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud.

Además, el Tribunal Constitucional parece obviar que, en tanto que el sistema sanitario público español se financia a través de impuestos directos e indirectos, estas personas también contribuyen a su sostenibilidad.

Las organizaciones renuevan su compromiso y esfuerzo por conseguir la vigencia plena del derecho a la salud universal en España y, por tanto, continúan exigiendo al Gobierno y al Congreso la derogación del RDL y la restitución de un sistema de acceso universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa.

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La Seguridad Social deja a personas sin sanidad en comunidades con leyes para evitar la exclusión

Las 'cloacas' de la exclusión sanitaria en España en la actualidad, ocultas y casi imperceptibles para la mayoría de las personas, suelen tener un punto en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la conclusión de un nuevo informe de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que ha reunido casos de denegación de acceso al sistema de salud público de inmigrantes con permiso de residencia y de españoles, en regiones incluso que aprobaron normas para devolver la "universalidad" a sus comunidades tras la reforma sanitaria de 2012.

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"Llevo meses en Melilla y nadie me ha hablado sobre mis derechos sanitarios"

Si se le pregunta por la asistencia sanitaria a un migrante que huyó de su país, que vivió de la caridad y de los restos, y luego trepó una valla erizada de seis metros antes de esquivar a los agentes de la Guardia Civil, probablemente se encoja de hombros. Pocos de quienes llegan a Ceuta y Melilla son conscientes de la cobertura médica a la que tienen derecho porque, hasta su llegada, sus prioridades han sido otras. Y cuando alcanzan Europa, la información que se les ofrece es escasa e incompleta.

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La Seguridad Social avisa a Extranjería para expulsar a inmigrantes reagrupados sin tarjeta sanitaria

Su 'error' fue pedir la tarjeta sanitaria. Los ascendientes, en su mayoría ancianos, reagrupados por sus familiares en España se enfrentan a la siguiente situación: la Seguridad Social les niega la tarjeta sanitaria porque considera que deberían haberles exigido un seguro médico para obtener los papeles. Aunque la justicia (ya en numerosas sentencias) ha fallado a favor de las familias en estos casos, reconociendo el derecho de los afectados a la sanidad pública, la Seguridad Social no ha cambiado de criterio. Además, avisa de manera automática a Extranjería para que revise sus permisos tras denegarles el acceso a la sanidad pública.

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Marginados hasta en la sanidad

La Generalitat ha entregado, en cuatro años, 170.000 tarjetas sanitarias especiales a ciudadanos extranjeros a los que el Gobierno del PP excluyó en el 2012 con su reforma sanitaria. Sin embargo, todavía hay un número "importante” de excluidos, según la Conselleria de Salut, que no tiene acceso a la cobertura. Carlos Losana, portavoz de la Plataforma por una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat) critica que, precisamente, el colectivo con más problemas de salud es el más vulnerable.

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Sanidad: un derecho convertido en negocio

Aumento de las reclamaciones de pacientes y listas de espera, exclusión, reducción del gasto, copago o despido del personal. Esto es parte del resultado en sanidad del gobierno del Partido Popular, marcada por los recortes y una nueva ley que imponía una reforma del sistema. Una etapa que, cuatro años después, ha convertido a la sanidad española en un jugoso pastel de privatizaciones a costa de devaluar su calidad.

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Un aniversario sin nada que celebrar

20 de abril de 2016. Son las 12 del mediodía y el cielo plomizo de Madrid amenaza con aguacero. Frente a la puerta del Ayuntamiento la alcaldesa Manuela Carmena posa con parte de su equipo municipal sosteniendo en la mano su tarjeta sanitaria. Como ella, concejalas y concejales repiten el mismo gesto en Barcelona, A Coruña, Santiago, Donostia, Huesca o Albacete entre otros municipios. Actos similares se repiten frente al Congreso de los Diputados así como ante los parlamentos autonómicos de Madrid, Catalunya, Galiza o Cantabria. Quieren recordar que hace cuatro años las personas inmigrantes en situación irregular vieron como les era arrebatado el derecho a la asistencia sanitaria que la legislación les reconocía hasta entonces. Ese día, El Gobierno, utilizando la vía de emergencia que le facultaba a sustraer la cuestión del debate parlamentario, aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, modificando radicalmente el sistema sanitario español y empujando a los márgenes de este a más de 800.000 personas.

Estos han sido cuatro largos años de vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud de tantas y tantos inmigrantes en nuestro país. La constatación de que la exclusión mata – como tristemente ocurrió en los casos de Alpha Pam ó Carlos Duffy –, las repetidas condenas de organismos internacionales y europeos de Derechos Humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos economicistas de la Administración – demostrando que resulta más barato para el sistema dar asistencia normalizada que a través de urgencias –, parecen haber caído en saco roto. Ni siquiera la opinión del propio Tribunal Constitucional manifestando que un derecho esencial no puede verse recortado en base a un hipotético ahorro económico ha conseguido que el Gobierno recule y revierta la reforma sanitaria.

Pero estos cuatro años también han visto luchas y resistencias que poco a poco han ido dando algunos frutos. Organizaciones sociales, asociaciones profesionales, plataformas ciudadanas y médicas y médicos valientes que permaneciendo fieles a su juramento hipocrático han seguido atendiendo de forma casi clandestina a inmigrantes en situación irregular, se movilizaron de forma inmediata constituyendo la primera línea de resistencia frente a la exclusión sanitaria. También algunas comunidades autónomas – Andalucía, Asturies, Catalunya, Navarra, Euskadi – se negaron a asumir la normativa y desarrollaron programas propios con los que paliar el impacto de la misma, otorgando con ello acceso al sistema sanitario público a muchos de los colectivos excluidos. Tras las elecciones autonómicas del año pasado el número de comunidades con este tipo de programas ascendió hasta alcanzar las quince – todas excepto Castilla y León y La Rioja – conformando una amplia oposición territorial al RDL.

Ahora, con motivo del aniversario de la aprobación del RDL 16/2012, esta oposición se ha manifestado con fuerza para exigir al Gobierno que ponga fin de una vez por todas a la exclusión sanitaria. Junto a las concentraciones a las que hacíamos referencia al principio de este artículo, ayuntamientos y parlamentos autonómicos en doce comunidades autonómicas han aprobado mociones municipales y Proposiciones No de Ley conminando al Gobierno a restituir un sistema de acceso universal para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de su situación administrativa. Y no es poca la urgencia, pues tal y como se recoge en el último informe publicado por REDER, sólo entre agosto de 2015 y marzo de 2016 hemos tenido constancia de 541 casos de personas cuyo derecho a la salud se ha visto vulnerado.

Así pues, tras las elecciones de este domingo, el Parlamento y el Gobierno que surjan de las urnas tendrán la responsabilidad ineludible de reformar el RDL 16/2012 para restituir la universalidad que nunca debimos haber perdido, convirtiendo con ello el 20 de abril de 2012 en un simple mal recuerdo… Y desde la Sociedad Civil seguiremos luchando para asegurar que así sea.

CarmenaCongreso

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Salud universal en Aragón: una asignatura pendiente

LA PLATAFORMA SALUD UNIVERSAL DE ARAGON se constituyó hace cuatro años con el fin de visibilizar y denunciar la exclusión sanitaria que ha supuesto la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012 y está integrada por más de 30 organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Cuatro años después de la puesta en marcha del RDL en Aragón, a pesar de las diversas medidas paliativas que se han ido aprobando, la sanidad universal sigue siendo una asignatura pendiente.


Así, fruto de la presión ejercida por la Plataforma Salud Universal y otras entidades, el Gobierno PP-PAR creó en abril de 2013 el Programa de Protección Social de la Salud Pública. Posteriormente, ya en 2015 y con el cambio de legislatura, el gobierno PSOE-CHA puso en marcha la Instrucción de 7 de agosto que regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón a las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes, ni cobertura de asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. Estas medidas, aunque positivas, no han sido suficientes porque siguen dejando fuera a personas que no reúnen los requisitos.


De este modo, y a pesar de constituir una clara mejora en relación a la medida del Gobierno anterior, la nueva instrucción sigue sin cumplir el compromiso que firmaron la mayoría de los grupos parlamentarios en abril de 2015: restituir el derecho universal a la salud para todas la personas que viven en Aragón, terminar con la facturación por la atención en urgencias y mejorar la información sobre las situaciones especiales.


En vista de la situación anteriormente descrita, se hace evidente que el fin definitivo de la exclusión sanitaria y la restitución de un sistema sanitario verdaderamente universal sólo pueden llegar a través de una modificación legislativa de alcance nacional. Mientras eso sucede, pedimos al Gobierno de Aragón que cumpla con los acuerdos firmados en la declaración institucional de abril de 2015, en base al art. 14 del Estatuto de Autonomía de Aragón por el que se reconoce la universalidad del acceso a la atención sanitaria.


Mientras tanto, y desde las organizaciones que forman la Plataforma Salud Universal, se han atendido más de 900 casos, 617 entre enero 2014 y julio 2015 y 328 entre agosto 2015 y junio 2016 (cuando ya estaba en vigencia la nueva instrucción). Todos ellos se corresponden con personas que estaban excluidas del sistema sanitario.


La cifra de personas excluidas en la actualidad del sistema sanitario aragonés, según datos del Gobierno de Aragón es de 6.000 personas, según la PSU es de muchas más; pero en cualquier caso, hablamos de muchas personas que están viendo vulnerado su derecho a la salud, que siguen excluidas del sistema sanitario y cuyas vidas están en juego.

rueda prensa

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Cantabria recurrirá la sentencia contra la inclusión en el sistema público de sus habitantes

La Consejería de Sanidad de Cantabria ha expresado la intención de su Gobierno de recurrir la sentencia que anula la orden de inclusión en el sistema sanitario público de todos los residentes en la comunidad, con la intención de defender la asistencia sanitaria universal.

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La salud cuenta en las elecciones

 

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La salud cuenta en las elecciones

REDER, la red de organizaciones contra la exclusión sanitaria, pide a los partidos políticos que se comprometan a prestar atención médica a todas las personas que viven en España

 

Médicos del Mundo y las otras 300 entidades que componen la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER – se han dirigido a los principales partidos políticos que concurren a estas nuevas elecciones generales para invitarles a comprometerse explícitamente con la derogación de la norma que establece la exclusión sanitaria y con el retorno a un Sistema Nacional de Salud verdaderamente universal.

 

En concreto, han planteado las siguientes demandas:

 

1. Rechazar el actual modelo sanitario, basado en el aseguramiento, y defender la sanidad pública como pilar del estado de derecho

2. Reconocer el acceso al Sistema Nacional de Salud a todas las personas que vivan en España.

3. Eliminar barreras administrativas que dificulten recibir atención médica y que en algunas ocasiones pueden llegar a ser insalvables.

En este sentido, el requisito del empadronamiento sigue siendo una de las barreras de acceso a la atención sanitaria más importantes para las personas  inmigrantes, que en ocasiones no pueden cumplir con este trámite puesto que requiere presentar un pasaporte válido o NIE y certificado de domicilio habitual. Cabe señalar que actualmente tres Comunidades Autónomas – Andalucía, Baleares y Navarra – NO exigen el empadronamiento, sin que esto haya supuesto en ningún caso el colapso de sus respectivos servicios de salud autonómicos.

Una barrera similar es la que encuentran las personas con ciudadanía de la Unión Europea o de países con los que España tiene firmado un convenio bilateral. Se les exige presentar un certificado llamado "de no exportación del derecho", documentación que las embajadas y consulados a menudo no tramitan o cuyo coste no es asumible para personas de escasos recursos.

Otro caso relevante es la exigencia de acreditar el país de origen, ya que gran número de personas en situación administrativa irregular carecen de documento de identidad original y válido.

4. Incluir mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan garantizar la efectividad de la normativa.

Recomendamos la creación de una Comisión mixta a nivel nacional con participación del Ministerio de Sanidad y organizaciones sociales, que se encargue de evaluar el grado de cumplimiento y de recomendar mejoras.  

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