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Nos concentramos frente al Ministerio de Sanidad para pedir al Gobierno que acabe “de una vez por todas” con la exclusión sanitaria

  • Las organizaciones de la alianza REDER presentamos la campaña “Sanidad sin peros” con la que denuncian que el Ejecutivo sigue incumpliendo su promesa de aprobar una ley que devuelva la sanidad universal a España. 
  • Esta semana se cumplen tres años desde que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos se comprometió a poner fin a la exclusión sanitaria aprobada por el PP en 2012.
  • Desde entonces, miles de personas encuentran trabas para acceder al Sistema Nacional de Salud por estar en una situación administrativa irregular.

La Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones sociales y profesionales, entre las que se encuentran Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)- nos hemos reunido hoy a las puertas del Ministerio de Sanidad para pedir una vez más al Gobierno que cumpla su compromiso de aprobar una nueva ley que permita recuperar la sanidad universal en España y acabar así con la exclusión sanitaria que continúan sufriendo muchas personas migrantes en situación irregular. Lo hemos hecho durante la presentación de la campaña “Sanidad sin peros”, en la que las entidades hemos realizado una pegada de carteles que recogen las promesas incumplidas del Gobierno en materia de sanidad universal. 

SANIDAD SIN PEROS 0013

Hace ya tres años que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos aprobó el real decreto 7/2018 con el que se comprometió a acabar con la exclusión sanitaria -una promesa que, además, forma parte del pacto de coalición que firmaron ambos partidos-. Sin embargo, esta nueva normativa sólo introdujo una serie de cambios legislativos que modificaron parcialmente la situación, ya que nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a grupos de personas vulnerables como las que llegan en procesos de reagrupación familiar o quienes llevan en España menos de 90 días. La ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

Prueba de ello es que, solo durante la pandemia, Médicos del Mundo ha recogido más de 1500 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 44 mujeres embarazadas; 90 menores de edad, 78 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 46 personas reagrupadas y 674 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación. Además, como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

Estas cifras, que son preocupantes, no representan un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria, ya que pueden ser muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera las organizaciones consiguen llegar.

Asimismo, desde que comenzó la campaña de vacunación contra la covid-19, REDER viene denunciando que estos colectivos excluidos del sistema sanitario lo están también del proceso de vacunación. Algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propios planes para esta población, pero otras no. Solo Médicos del Mundo ha registrado más de un centenar de casos en los que las personas a las que correspondía estar vacunadas han debido esperar meses para hacerlo o todavía siguen esperando su cita. 

La urgencia de una nueva ley

Para hacer frente cuanto antes a esta situación, las organizaciones de REDER hemos pedido al Gobierno que tramite “de una vez por todas” y con carácter de urgencia un anteproyecto de ley que recoja los siguientes puntos: 

  • Eliminar la diferenciación en el derecho a asistencia sanitaria entre la población con nacionalidad española o con permiso de residencia y la población migrante en situación irregular. 
  • Eliminar el periodo mínimo de estancia en España como elemento necesario para la obtención del derecho a asistencia, y reconocerlo en base a la intención de permanencia en territorio español, que deberá acreditarse por medios que no exijan un tiempo mínimo de estancia. 
  • Reconocer el derecho a la asistencia sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España como resultado de un proceso de reagrupación familiar. 
  • Garantizar la inclusión del derecho a prestación farmacéutica con un régimen que no discrimine por la situación de irregularidad administrativa, reconociendo de forma expresa la exención de copago farmacéutico en los casos de especial vulnerabilidad. 

Hasta la tramitación de dicha ley, las organizaciones piden al Ministerio de Sanidad que adopte las medidas temporales necesarias que garanticen el acceso a la atención necesaria a todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa.


 Foto de Edu Leon / REDER

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Reclamamos que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

Organizaciones de la sociedad civil reclaman que las poblaciones vulnerables tengan garantizado su acceso a las vacunas de la Covid-19 en España

  • Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER denuncian la exclusión en la práctica de las campañas de vacunación de las personas inmigrantes en situación irregular, de las personas sin hogar y, en general, de poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica.
  • Lo han pedido por carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, horas antes de la comparecencia prevista para hoy y en el marco de la Semana Mundial de la Inmunización.

Más de cuarenta destacadas organizaciones de la sociedad civil representadas por Amnistía Internacional, el Colectivo de Afectadas por el INSS y REDER han remitido hoy una carta a Carolina Darias, ministra de Sanidad, reclamando que el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte las directrices vinculantes para asegurar el acceso a la vacunación, sin ningún tipo de discriminación, a las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria.

Entre los diferentes colectivos susceptibles de ser excluidos en la práctica de las campañas de vacunación se encuentran, según las organizaciones firmantes, las personas mayores reagrupadas legalmente por familiares que residen en España, las personas inmigrantes en situación administrativa irregular que, en muchos casos, y en su mayoría mujeres, se ocupan del cuidado de mayores, o las personas sin hogar. En este sentido, las organizaciones reclaman la adopción de manera urgente del anteproyecto de ley -anunciado por el Gobierno- para que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud. Un instrumento clave, aseguran, para garantizar el derecho a la salud de estas personas, incluido el derecho a acceder a la vacuna contra la COVID-19.

Personas vulnerables sin acceso a las vacunas

Hace dos años que Joshlin consiguió la reagrupación familiar en España con su madre (79 años, tarjeta de discapacidad del 37% por un ictus y con tratamiento psiquiátrico) y su padre (81 años, con una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica -EPOC- y asma). Tras realizar numerosos trámites, consiguió un acceso temporal al sistema sanitario para sus padres que fue revocado en enero de 2021. Ambos forman parte de grupos de población que ya deberían estar vacunados, pero ninguno de ellos ha sido inmunizado contra la Covid-19 al no tener tarjeta sanitaria.

Livia, de 71 años, vive en España legalmente gracias a la reagrupación familiar solicitada por su hija, pero no cuenta con tarjeta sanitaria. Tanto por edad como por condiciones de salud -toma inmunodepresores y sus defensas son bajas- debería tener acceso a la vacuna, pero ninguna de las consultas que ha hecho en su centro de salud y por teléfono le aseguran conseguirla.

Los casos de estas dos mujeres, Joshlin y Livia, son ejemplos de que España carece de protocolos consensuados en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que hagan efectivo el acceso a la vacuna a la población que se encuentra en cualquiera de estas situaciones de exclusión sanitaria y que, además, tampoco cuenta con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Las entidades que suscriben esta carta consideran que, aunque es “muy positivo” el enfoque de la estrategia de vacunación española, que incluye como grupo de vacunación el de las personas pertenecientes a poblaciones vulnerables por su situación socioeconómica” -tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud-, estás intenciones no se han hecho realidad.

“Cuatro meses después de su publicación, ninguna actualización del documento de estrategia contiene directrices o recomendaciones” que aseguren la vacunación de los colectivos que, a día de hoy, siguen encontrando barreras para acceder al sistema sanitario.

Por todo ello, recuerdan a Carolina Darias, ministra de Sanidad, que el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la OMS señala que se deben “tomar medidas proactivas para garantizar la igualdad de acceso a todas las personas que reúnan los requisitos para formar parte de un grupo prioritario, especialmente las poblaciones socialmente desfavorecidas”.

Medidas a adoptar en el próximo Consejo Interterritorial

Las entidades firmantes sostienen que el CISNS debería adoptar directrices que garanticen la vacunación de las personas sin tarjeta sanitaria. Asimismo, el Ministerio de Sanidad debe aprobar de manera urgente el anteproyecto de ley que asegure la universalidad en el acceso al Sistema Nacional de Salud sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio abrió la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley el pasado mes de octubre y las organizaciones enviaron sus recomendaciones para la elaboración de la norma. En marzo, la Ministra de Sanidad anunció en sede parlamentaria su próxima aprobación en el segundo trimestre del presente año, sin que haya habido novedades sobre el proceso en el que se encuentra el anteproyecto.

Entre las medidas concretas y efectivas a adoptar por el CISNS expresadas por las entidades que suscriben en la carta a la ministra, destacan:

  • La identificación de las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria de cada uno de los grupos objetivos de la campaña de vacunación.
  • El establecimiento de protocolos administrativos y de gestión sanitaria que hagan efectivo el acceso a la vacuna a esas personas.
  • La garantía de que la población que se encuentra en esta situación cuente con información detallada sobre la campaña de vacunación.

Acciones positivas desarrolladas en algunas Comunidades

Aunque las entidades firmantes destacan iniciativas como el Plan de Contingencia específico para colectivos vulnerables de Islas Baleares; la instrucción interna en Asturias que comunica a todos los centros de salud la necesidad de asegurar vacunación de personas sin tarjeta sanitaria; y el anuncio de la Comunidad Valenciana de que todas las personas que no tengan tarjeta sanitaria pueden acercarse a los centros de salud con la finalidad de darles de alta en el sistema y entrar así en la campaña de vacunación, reclaman una acción nacional de vacunación de grupos vulnerables mediante “protocolos eficaces y coordinados desde el CISNS que hagan realidad el derecho de estas personas a ser vacunadas.

Información adicional

En los últimos meses, agencias de Naciones Unidas y diversos mecanismos de protección de derechos humanos han instado a los Estados a garantizar el acceso a las vacunas contra la Covid-19 sin ningún tipo de discriminación.

A su vez, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes y la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental han señalado que la priorización de las vacunas debe incluir a todas las personas que cumplan los requisitos de un grupo prioritario, independientemente de quiénes sean.

Por su parte, el Representante Especial del Secretario General sobre Migración y Refugiados del Consejo de Europa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros organismos, han recomendado a los Estados:

  • proporcionar un acceso equitativo a las vacunas para todas las personas independientemente de su situación migratoria; adoptar medidas para superar los obstáculos,
  • establecer protocolos que faciliten el acceso equitativo a la vacunación, incluidas las personas que se encuentran en situación irregular,
  • realizar actividades de divulgación y suministro de información entre los migrantes en un idioma que entiendan y en formatos a los que puedan acceder
  • y establecer cortafuegos entre la aplicación de la ley de inmigración y la provisión de la vacuna COVID-19.
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Nadie está salvo hasta que todo el mundo esté a salvo: nuevo informe de REDER

  • Nuestro nuevo informe, presentado hoy, repasa la trayectoria de la Sanidad Universal en España, sus aportaciones fundamentales para la sociedad y la necesidad de recuperarla.

Hoy, 20 de abril, se cumplen nueve años de la imposición por parte del Gobierno del Partido Popular del Real Decreto-Ley 16/2012 que marcó un antes y un después en nuestro sistema sanitario y en la salud y la vida de miles de personas que fueron privadas del derecho a la atención sanitaria.

Hasta ese día, España se había convertido en un ejemplo por su sistema sanitario público: ofrecía una cobertura casi total a la ciudadanía, de gran calidad en sus prestaciones y servicios y sin coste (apenas modestos copagos) para los pacientes.

Tras muchos años de lucha, en 2018 el Gobierno socialista aprobaba el Real Decreto-Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Este RDL suponía un importante paso hacia la recuperación de la universalidad como pilar básico de nuestro sistema sanitario.

Sin embargo, no lo logró de forma completa y, hoy en día, nuestro sistema de salud sigue dejando sin cobertura a ciertos grupos de personas, como los residentes en España desde hace menos de 90 días o las personas que llegaron en procesos de reagrupación familiar. La nueva ley, además, no protege de manera especial ni a menores ni a mujeres embarazadas.

Ante esta situación -agravada además como consecuencia de la pandemia-, el Ministerio de Sanidad anunció en noviembre un proceso para elaborar una nueva ley con la que pretende, entre otros objetivos, realizar modificaciones en el RDL 7/2018 para garantizar el derecho a la protección de la salud y devolver la universalidad al sistema sanitario. Una noticia positiva con una ley que debe tramitarse urgentemente; sin demora.

España debe retomar cuanto antes el camino a la sanidad universal. La Cobertura Sanitaria Universal ha demostrado mejorar la salud de la población, ser un factor de crecimiento y de redistribución económica, y fomentar la cohesión social. Además, la Cobertura Sanitaria Universal es un eje fundamental de la política internacional y de organismos como la OMS, y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Son estas algunas de las conclusiones que presentamos en nuestro nuevo informe, Nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo, en el que se analiza la importancia y se ofrecen recomendaciones para contar con un Sistema Nacional de Salud plenamente universal, de tanta necesidad especialmente en un contexto sanitario como el actual, en el que la pandemia ha evidenciado de forma dramática el vínculo ineludible entre la salud individual y la colectiva.

Puedes leer el informe aquí o pinchando sobre la portada de abajo.

Portada informe

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Vídeo: el camino hacia la Sanidad Universal en España

El pasado 3 diciembre, organizamos el evento online 'El camino hacia la sanidad universal en España', que ya puedes ver de manera íntegra en el siguiente vídeo.

Portada Youtube

El acto contó con la participación de la Secretaria de Estado de Sanidad- Dª Silvia Calzón, que hizo al comienzo un repaso a la situación actual en España y las carencias del actual RDL que sigue provocando casos de exclusión entre diversos colectivos de migrantes. Definió la actual norma como "no es suficiente" y manifestó el compromiso del Gobierno para mejorarla a través del anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), que este miércoles finalizó su consulta pública.

A continuación, el médico y activista Javier Padilla, realizó una intervención explicando los motivos de por qué es tan importante y necesaria un sistema de salud universal, así como sus beneficios para el pais.En el contexto de la pandemia actual, "parece la oportunidad perfecta para que pueda llevarse a cabo" aseguró. "No puede darse por clausurada la pandemia sin que hayamos conseguido lograr una reforma de la cobertura sanitaria que no excluya a nadie".

Posteriormente, en una mesa coordinada por el periodista de la Candena Ser, Nicolas Castellano, pudimos escuchar las intervenciones de Patricia Lacruz, Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; Blanca Gispert, del grupo de trabajo de Inequidades en Salud y Salud Internacional de la semFYC; y de José Félix Hoyo, miembro de la junta directiva de Médicos del Mundo y portavoz de Reder. A través de sus testimonios -institucionales y profesionales- y de los testimonios de personas afectadas de diversos colectivos, se continuó analizando la situación actual del acceso a la salud en España y las enormes barreras que aún se encuentran un gran número de personas.

Un debate interesantísimo, que incluyó preguntas de algunos de los más de 200 asistentes y que te animamos a ver. Nos encantaría que compartieses tu opinión con el hashtag #SanidadUniversal.

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Evento online: El camino hacia la sanidad universal en España

reder salud universal españa

El próximo 3 diciembre, de 10:00-12:00, organizamos el evento online 'El camino hacia la sanidad universal en España', con el que pretendemos analizar la situación actual del acceso a la salud en España y las barreras que existen para alcanzar la universalidad real. Nuestra intención es reflexionar, junto con representantes del Gobierno, organizaciones del ámbito sanitario y colectivos de personas afectadas, sobre aquellas situaciones de exclusión que han persistido después del Real Decreto-Ley 7/2018, así como los cambios necesarios para revertirlas de forma definitiva.

De igual forma, queremos hacernos eco del anuncio, por parte del Ministerio de Sanidad, de abrir un periodo de consulta pública para la elaboración de un anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, entre cuyos objetivos se incluye realizar las modificaciones pertinentes del RDL 7/2018 para garantizar plenamente el derecho a la protección de la salud y garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a la salud.

Esta es la agenda del evento. Puedes regístrate en este enlace.

10:00 - Presentación del evento. María Encinas – Salud por Derecho/Reder

10:05-10:15 - Inauguración por parte de la Secretaria de Estado de Sanidad- Dª Silvia Calzón

10:15-10:30 - ¿Por qué son necesarios los sistemas de salud universales y en qué punto está España?

Javier Padilla, médico de familia y comunidad, explicará qué entendemos por sistemas universales de salud pública y por qué son imprescindibles, ofreciendo una foto de cuál es la situación de España en estos momentos con relación a la exclusión sanitaria.

10:30-11:15 - Presente y futuro de la sanidad universal en España

Participantes:

  • Por parte del Ministerio de Sanidad Patricia Lacruz, Directora General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
  • Por parte de semFYC Blanca Gispert, grupo de trabajo de Inequidades en Salud – Salud Internacional de la semFYC.
  • Por parte de Reder José Félix Hoyo, miembro de la junta directiva de Médicos del Mundo.

Mesa redonda moderada por Nicolás Castellano.

Analizaremos los aprendizajes que ha dejado la crisis de la covid-19 en el ámbito de la sanidad universal, cuáles de ellos afectan específicamente a España y qué cambios son necesarios en nuestro país para conseguir esta universalidad, tomando como referencia el reciente anuncio del anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

11:15-11:50 - Ronda de preguntas desde la fila cero y asistentes (por escrito)

11:50-12:00 - Conclusiones y cierre.

¡Te esperamos!

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Trasladamos al Gobierno nuestras recomendaciones para el Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud

Reder

La aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud constituyó un paso importante hacia la construcción de una sanidad más justa que hiciera efectivo el principio de universalidad reconocido en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (artículo 2). Así, tras la grave regresión de derechos que supuso la exclusión sanitaria impuesta por el Real Decreto-Ley 16/2012, la nueva norma aspiraba a garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, reconociendo que la universalidad de la atención no solo redunda en la mejora de la salud individual, sino también en la salud colectiva de toda la población.


Sin embargo, estas buenas intenciones recogidas en la Exposición de Motivos del RDL 7/2018 no se vieron debidamente reflejadas en el articulado de la norma. El texto actual cuenta con importantes carencias que van desde imprecisiones en el lenguaje (ej. la errónea referencia a la situación de estancia temporal) a lagunas técnicas (ej. la indeterminación en relación a la protección de situaciones de vulnerabilidad como embarazadas o menores), e incluso la omisión de graves situaciones de exclusión (ej. las personas ascendientes reagrupadas). Durante las reuniones que mantuvimos con el Ministerio en el verano de 2018, las organizaciones firmantes tuvimos la oportunidad de alertar sobre estas carencias y expresar nuestra preocupación por las situaciones de exclusión que ya anticipamos se producirían. Precisamente estas deficiencias del RDL, unidas a la ausencia de un Reglamento que clarifique y garantice tanto el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud como la aplicación de criterios similares en todo el territorio, han amparado interpretaciones restrictivas desde diversas comunidades autónomas.


Como consecuencia de esta situación, desde la entrada en vigor del RDL 7/2018 las organizaciones de REDER hemos documentado más de 3300 casos de personas vulnerables que han tenido enormes dificultades para acceder a la atención sanitaria o que directamente no han podido recibir la misma. Entre los problemas de salud que no han podido ser debidamente atendidos contabilizamos enfermedades tan graves como cáncer (39 casos documentados), enfermedades cardiovasculares (38 casos), diabetes (53 casos), hipertensión (38 casos), enfermedades respiratorias (19 casos), enfermedades graves de salud mental (38 casos) o VIH (34 casos). Estas cifras no representan en ningún caso un reflejo exhaustivo de la dimensión de la exclusión sanitaria en nuestro país, sino una mera constatación de esta dramática realidad. Por desgracia nos tememos que son muchas más las personas que aún permanecen fuera del sistema y a las que por desconocimiento o falta de redes, ni siquiera nuestras organizaciones consiguen llegar.
Es preciso además señalar cómo la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y las consiguientes derivadas para el funcionamiento del sistema sanitario (cierre o limitación de acceso a los centros de salud, atención telefónica, desinformación, etc.) han contribuido a acrecentar más si cabe la vulnerabilidad de aquellas personas que ya de por si sufrían importantes barreras (administrativas, idiomáticas, etc.) a la hora de acceder a la atención sanitaria.


De este modo, el RDL 7/2018 no ha sido capaz de revertir plenamente la exclusión sanitaria de su predecesor, y así ha sido señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que en fecha tan reciente como el 15 de junio de 2020 ha recordado al Gobierno español que los progresos en esta materia son insuficientes.1 No debemos olvidar que el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental recogido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales constituye una obligación vinculante para el Estado español. Esta obligación se extiende de forma particular a los colectivos más vulnerables, en aplicación de los principios de equidad y no discriminación, tal y como se recoge en la Observación General número 14 del Comité DESC.

 


En este contexto, se hace imprescindible una reforma legislativa concisa y sin ambigüedades, que proteja el derecho a la salud y garantice la igualdad en el acceso a todas las personas, sin distinción alguna tal y como varios mecanismos de Naciones Unidas han exigido recientemente.2 Una reforma legislativa que resuelva definitivamente las diferentes vías de exclusión, entre las que se encuentran la definición de la titularidad de los derechos o la exigencia de un tiempo mínimo de estancia. Una reforma legislativa que cumpla con el compromiso adquirido por el Gobierno de garantizar el derecho de las personas reagrupadas a tener asistencia sanitaria, expresado tanto en su pacto para un gobierno de coalición progresista3 como en el Dictamen de la Comisión para la reconstrucción social y económica4.
El anuncio por parte del Ministerio de la apertura de un proceso de consulta previo a la elaboración de un Anteproyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, constituye por tanto una muy buena noticia. Las organizaciones firmantes consideramos que esta es una oportunidad perfecta para superar definitivamente la exclusión sanitaria del RDL 16/2012, para construir un SNS integrador y solidario que no deje a nadie atrás.


Para ello, desde el espíritu de colaboración que siempre ha informado nuestra relación con el presente Ministerio, y en base a nuestra experiencia de trabajo con los principales colectivos afectados por la exclusión sanitaria, les trasladamos a continuación nuestras principales recomendaciones.

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Organizaciones sociales exigen una nueva regulación que recupere el derecho a la salud de todas las personas

 

 

  • Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad

Madrid 31 de julio de 2019.- Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Por ello, las organizaciones se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han derribado el muro.

Resulta particularmente preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa.

No son casos aislados

 Durante este último año, asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación.

 

Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos de tres meses de estancia en España.

Además, las organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por la vía judicial, se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones. 

Una normativa ambigua que da lugar a la interpretación

 Tal y como ya advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria –la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico)- son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas.

 A pesar de que el RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se indica más arriba, la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad. 

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad. 

Las organizaciones rompen el muro de la exclusión frente al Ministerio

Fruto del compromiso de estas organizaciones con el acceso universal a la salud, se concentraron esta mañana frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar un derecho que es de todos y todas.

Han sido las propias personas excluidas quienes hoy han compartido sus testimonios frente a un muro ficticio que se ha construido con mensajes de denuncia y que representa ese muro real que las ahoga día a día.

Al final de la lectura del manifiesto, las organizaciones han tirado de forma simbólica el muro levantado, con la esperanza de que a corto plazo cientos de personas que sufren exclusión puedan derribar el que levanta el Gobierno a diario contra ellas y que la exclusión sanitaria deje de ser un hecho en nuestra sociedad.

 

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La sentencia del Tribunal Supremo, una muestra más de que la salud universal no está garantizada

Pone en riesgo el acceso a la atención sanitaria para miles de personas que se han reagrupado de manera legal con sus familias en España

Madrid, 6 de junio.­ Las organizaciones Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) ­integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo­, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) y Yo SÍ Sanidad Universal  lamentan la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), impidiendo así el acceso gratuito a la atención sanitaria a una mujer de nacionalidad cubana reagrupada legalmente por su hija. Esta sentencia anula la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que se declaraba su derecho a la atención sanitaria, tal y como han hecho otros tribunales superiores de diferentes comunidades autónomas para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud a las personas reagrupadas legalmente en España.

 
“La sentencia supone la constatación de que la actual normativa sobre universalidad, el RD7/2018, no garantiza de manera absoluta la protección de todas las personas extranjeras que residen en España, como ya veníamos advirtiendo las organizaciones. Esta decisión ahonda en la exclusión sanitaria de las personas reagrupadas legalmente en España y da la espalda a las recomendaciones de mecanismos internacionales de protección de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Garantizar la sanidad universal significa que todas las personas que residen en España, independientemente de su nacionalidad y su situación administrativa, disfruten de su derecho a la salud, sin ningún tipo de trabas” asegura Marta Mendiola, responsable de derechos económicos, sociales y culturales en Amnistía Internacional España.
 
“La sentencia describe claramente cómo en 2012 se produjo una regresión en el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria, regresión que no ha sido plenamente revertida por el Real Decreto­Ley 7/2018, particularmente en lo que respecta a las personas que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar.  Esto evidencia que el tan anunciado regreso de la sanidad universal dista aún de ser una realidad para muchas personas que viven en España" declara José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo y portavoz de REDER.
 
“La sentencia recoge los argumentos del INSS, que más de 80 jueces han desmontado. Las familias quedan en una situación de inseguridad jurídica, sanitaria y vital grave, que se inició con la reforma del PP y que el decreto del PSOE no ha revertido. Nos acogemos al voto particular y al criterio de los jueces de lo social y continuaremos la vía jurídica, pues las familias no pueden permitirse dejar de luchar por su derecho a la asistencia sanitaria”, destaca Marta Pérez, portavoz de Yo SÍ Sanidad Universal.
 
Las organizaciones firmantes instan al nuevo Gobierno a que en la próxima legislatura corrija las lagunas de desprotección que contiene el Real Decreto 7/2018 y reforme la Ley de extranjería garantizando una verdadera y efectiva universalidad en el acceso al derecho a la salud.
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Más de 300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos de la sociedad civil reclaman al Gobierno por vía de urgencia un reglamento que garantice una sanidad plenamente universal

Madrid, 25 de febrero de 2019.

Más de  300 organizaciones, sociedades científicas y colectivos que constituyen REDER –Red de Denuncia y Resistencia al RD 16/2012-, junto con Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal envían una carta (adjunta PDF) a la ministra María Luisa Carcedo, responsable del  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que exigen que se apruebe el Reglamento del Real Decreto Ley 7/2018.  

La norma es necesaria para garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, antes de la inminente disolución de las Cortes, prevista para el próximo 5 de marzo. 

Según las entidades firmantes, “la ausencia de este reglamento hace que se sigan produciendo numerosos casos de personas excluidas, muchos de los cuales revisten particular gravedad, tal y como se ha visto reflejado en numerosos informes”. 

Por ello, REDER Amnistía Internacional y Yo Sí Sanidad Universal solicitan a la ministra que anuncie públicamente la aprobación del reglamento en el próximo Consejo de Ministros, que debe celebrarse el próximo viernes.

En la carta, las organizaciones señalan que aunque la aprobación del Real Decreto-Ley 7/2018 (RDL) fue un paso importante, este fue “insuficiente, y desde el primer momento se alertó que la universalidad tenía importantes grietas por donde se seguía filtrando la exclusión sanitaria”, por lo que estimaban que era urgente desarrollar el reglamento necesario.  

Para el conjunto firmante y, tal y como se señala en la carta enviada, las recomendaciones hechas a las comunidades autónomas no son de obligado cumplimiento, por lo que no se evitan prácticas de exclusión sanitaria y tampoco se abordan las numerosas situaciones de exclusión denunciadas.  

// Qué hay que abordar urgentemente  

La carta remitida al Ministerio de Salud apunta dos ejes fundamentales que son importantes que el reglamento repare de inmediato: 

El primero, la garantía de la atención con cargo a fondos públicos a mujeres embarazadas, menores de edad, solicitantes de asilo y víctimas de trata.  

El segundo, la prueba de que la persona vive en España no puede verse supeditada exclusivamente al empadronamiento por la dificultad que entraña para muchas personas obtener el mismo. En su lugar, las organizaciones piden la validez de cualquier medio de prueba admitido en derecho como pueden ser certificados de escolarización de menores a su cargo, recibos, documentos emitidos por organizaciones sociales, etc. 

Asimismo las organizaciones firmantes recuerdan la necesidad de reconocer el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas mayores – padres, madres, abuelos y abuelas – que han llegado a España fruto de un proceso legal de reagrupación familiar.  

“Mantener la exclusión de este colectivo resulta claramente contradictorio con el espíritu de la nueva política sanitaria defendida por el Gobierno, poniendo en grave riesgo la salud de estas personas de avanzada edad y que necesitan tratamiento”, subrayan los colectivos de la sociedad civil. 

 

Aquí puedes leer la carta a la Ministra

 

 

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REDER alerta de las consecuencias del pacto de Gobierno en Andalucía sobre la salud de miles de personas

Se teme que quienes enfermen dejen de acudir a los centros sanitarios por miedo a sufrir una detención, lo que puede incrementar la mortalidad

 

Viernes, 11 de enero de 2019.- El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.  

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