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Desmontando los mitos de la exclusión sanitaria

“La sanidad es hoy más universal que nunca. Todas las personas que están en España tienen acceso a la atención sanitaria”. Este fue el mensaje colgado en Twitter el pasado 13 de junio por la actual Ministra de Sanidad Dolors Montserrat. No es una novedad. Este es el mantra repetido hasta la saciedad por Gobierno y Partido Popular desde aquél infausto 20 de abril de hace cinco años en que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012. En todo este tiempo el Ejecutivo ha rehuido su obligación de demostrar fehacientemente la necesidad de esta medida, que expulsaba del sistema sanitario a miles de personas, pero no ha escatimado esfuerzos a la hora de desplegar toda una serie de mensajes falaces que buscaban justificar lo injustificable. Poco han importado las denuncias por parte de organizaciones sociales, instituciones internacionales de derechos humanos y profesionales del ámbito sanitario de la injusticia que se estaba perpetrando. Poco importa que en 2017 se sigan produciendo casos graves de denegación de asistencia sanitaria que ponen en riesgo la salud y la vida de muchas personas.


Por ello, desde REDER hemos decidido dedicar nuestro nuevo informe a desmontar estos mensajes haciendo uso de los datos que la red ha registrado desde enero de 2014. Más de 3300 casos de vulneración del derecho a la salud documentados en dicho periodo son una simple muestra – pues cabe esperar que el número de personas que padecen la exclusión sea mucho mayor si tenemos en cuenta las cerca de 900.000 tarjetas sanitarias que el Gobierno aseguró haber retirado con la entrada en vigor del RDL – pero suficiente para cuestionar la alardeada universalidad del sistema. Asimismo la constatación de que las propias excepciones previstas en el RDL – mujeres embarazadas, menores de edad y atención en urgencias – se vulneran repetidamente debería llevar al Ministerio a tomar medidas en lugar de asegurar que “en España nadie se queda sin asistencia sanitaria”.


Más flagrante incluso resulta la constante equiparación entre inmigración irregular y turismo sanitario para vincular la primera con el supuesto abuso del sistema sanitario que pone en riesgo la sostenibilidad del mismo. El hecho de que se trate de dos perfiles radicalmente distintos y de que sean múltiples los informes que indican que únicamente una ínfima parte de las personas que migran lo hacen por motivos de salud no parece haber sido impedimento para que desde el Gobierno se continúe insistiendo en un mensaje con claros tintes xenófobos.


Más allá de estas falacias también parece haberse instalado una percepción generalizada de que con la aprobación por parte de las comunidades autónomas de normativas que otorgan acceso a las personas en situación irregular la exclusión sanitaria ha pasado a la historia o cuanto menos ha quedado reducida a un problema marginal. Si bien es cierto que dichas normativas han contribuido a mitigar los efectos más dañinos del RDL, también es cierto que no han conseguido desterrar la exclusión sanitaria. Bien sea por las deficiencias en la forma o en la implementación de estas medidas o por las propias limitaciones competenciales de las CCAA, la realidad es que siguen siendo muchas las personas que viven en nuestro país que no pueden acceder de forma normalizada a la atención sanitaria que necesitan.


Por todo ello, y porque aspiramos a que las palabras de la Ministra se conviertan en una realidad, desde REDER exigimos que de forma urgente e inaplazable se tomen las medidas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud verdaderamente universal en el que todas las personas tengan derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de su situación administrativa.

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El Parlament de Catalunya aprueba la ley de universalización de la asistencia sanitaria pública

El 14 de junio, el Parlament de Catalunya aprobó la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, un nuevo desafío al RDL 16/2012 y a las situaciones de exclusión sanitaria que éste generó y un intento de recuperar la universalización del derecho a la asistencia sanitaria.


Desde la entrada en vigor del RDL 16/2012, el gobierno catalán ha llevado a cabo varios intentos por amortiguar sus efectos, a través de distintas normativas: la instrucción 10/2012 a la que siguió la instrucción 08/2015 y finalmente la recién aprobada ley de universalización de la asistencia sanitaria. Aunque cada una de ellas ha supuesto un avance respecto a las situaciones precedentes, ninguna ha conseguido revertir estos efectos completamente. Del mismo modo han demostrado ser insuficientes para garantizar una atención sanitaria plenamente universal, sin grietas jurídicas en las que quepan casos de exclusión. Durante este tiempo, ante la persistencia de situaciones de vulneración de derechos en embarazadas, niños/as menores de edad y facturación indebida e ilegal la atención a las urgencias, el Catsalut (Servicio Catalán de Salud) se ha visto forzado en varias ocasiones a elaborar documentos internos y resoluciones para recordar a sus proveedores sanitarios su obligación de proteger y asegurar los derechos en estas situaciones. Este hecho demuestra las insuficiencias de las normativas para hacer efectivo el derecho a la asistencia sanitaria.


Todos estos avances no habrían sido posibles sin el trabajo de denuncia y presión política y mediática que las entidades como Jo Sí Sanitat Universal ó Pasucat junto con la ciudadanía hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Dar visibilidad a estas situaciones de vulneración ha sido un elemento clave para generar una reacción, tanto en las administraciones públicas como en los partidos políticos, y crear los escenarios necesarios para reclamar los cambios jurídicos que finalmente han sido conseguidos.


Tal como expresamos en una nota de prensa, desde la Pasucat hacemos una valoración positiva de la nueva ley de universalización, ya que supone un nuevo avance hacia una sanidad pública universal. El principal logro de esta ley es consolidar la instrucción 08/2015, que amplía el derecho a la atención sanitaria de varios colectivos excluidos por el RDL 16/2012, y eliminar el tiempo mínimo de padrón (3 meses) que era necesario para obtener la tarjeta sanitaria. No obstante, lamentamos también que haya sido una oportunidad perdida para eliminar importantes barreras en el acceso, puesto que sigue sin garantizar la atención de las personas residentes en Catalunya sin acceso al padrón y en las situaciones de urgencia.


Las entidades y la ciudadanía seguiremos trabajando para conseguir una sanidad pública y realmente universal, denunciando la exclusión, acompañando a las personas excluidas y desobedeciendo para que sean atendidas.

 

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La salud no es un juego

¿Te imaginas levantarte una mañana con fuertes dolores de cabeza y sangrado de nariz y que al acudir al centro de salud no sólo te nieguen la asistencia sanitaria sino que te amenacen con llamar a la policía? ¿Qué harías si estás embarazada y al intentar concertar una cita con el médico para que dé seguimiento a tu embarazo te dijeran que no tienes derecho? Estos son algunos de los casos que las organizaciones integrantes de REDER documentan a diario. Estas son algunas de las historias reales que protagonizaron el “juego” en el que invitamos a participar a aquellas personas que se pasaban por la plaza de Pedro Zerolo en Madrid la mañana del 20 de abril.


La idea era sencilla. Cada persona recibía una breve ficha en la que se le informaba de su edad, sexo, nacionalidad, situación administrativa y problema de salud. Con dicha información debían intentar obtener asistencia sanitaria ante las distintas instancias puestas en escena por personas voluntarias de REDER (Centro de Salud, Urgencias, INSS, Trabajo Social). De este modo las y los participantes experimentaban el periplo de negativas, desinformación e incluso xenofobia que deben afrontar miles de personas en nuestro país desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012.


Personas como Gabriela, una chica boliviana de 17 años que vive en España desde hace algo más de un año. Gabriela acude al centro de salud con fiebre alta y diarrea, preocupada porque su padre está ingresado hace algunos días y ha sido diagnosticado con la enfermedad de Chagas. En el mostrador del Centro, la persona que atiende a Gabriela le dice que no tiene derecho a la asistencia por carecer de tarjeta sanitaria – a pesar de que el propio RDL prevé que las y los menores deben recibir atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española. Desde la ventanilla de admisión del Centro de Salud le indican que su única alternativa para recibir asistencia es acudir a urgencias del hospital. Debilitada por su estado de salud Gabriela se dirige entonces a urgencias para encontrarse que allí le dicen que la atenderán pero que tendrá que pagar 180 euros por dicha atención.


No fue fácil tampoco ponerse en la piel de Alí, de 30 años y nacionalizado español de origen pakistaní. Cuando su padre – que vive con Alí en situación de reagrupación familiar (y por tanto regular) – sufre una angina de pecho, su hijo le lleva al hospital donde es ingresado. Para su sorpresa en el centro le dicen que al no tener su padre tarjeta sanitaria tendrán que facturarle la atención, algo que Alí no se puede permitir. Angustiado acude al Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedir que le tramiten la tarjeta sanitaria de su padre, pero allí le informan que al haber formado este parte de un proceso de reagrupación familiar se le presume que debe contar con seguro privado y por tanto no tiene derecho a la tarjeta.


“Nunca se entiende a una persona hasta que te calzas sus zapatos y caminas con ellos”. Así aleccionaba a su hija Atticus, el infatigable defensor de desfavorecidos en Matar a un ruiseñor. Todas aquellas personas que participaron en nuestro “juego” tuvieron la oportunidad de acercarse durante unos breves minutos a la realidad de la exclusión sanitaria. Por desgracia, para las mujeres y hombres detrás de cada una de las historias que allí se representaron – y de miles más con experiencias similares – su día a día no tiene nada de lúdico. Por todas ellas, porque la salud no es un juego sino un derecho humano, seguiremos exigiendo el fin de esta política injusta e inhumana y defendiendo una sanidad pública y universal para tod@s.

 

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Un gran paso adelante en Aragón hacia la recuperación de la sanidad universal

El 18 de Mayo las Cortes de Aragón aprobaban la Proposición No de Ley número 287/16 sobre sanidad universal presentada de forma conjunta por Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida a iniciativa de la Plataforma de Salud Universal. La propuesta salió adelante con el apoyo del Partido Socialista y a pesar del voto en contra de Partido Popular y Ciudadanos.


Con esta PNL la mayoría de las Cortes insta al Gobierno aragonés a mejorar sustancialmente el acceso al Sistema Sanitario para las personas excluidas por el Real Decreto-Ley 16/2012, incluyendo medidas tales como la elevación a rango de Decreto de la actual normativa, la reducción del tiempo mínimo de empadronamiento o la supresión del requisito de ser extranjero no registrado ni autorizado para vivir en España. Igualmente y a través de la misma PNL las Cortes instan al Ejecutivo a que exija al Gobierno Central la derogación del Real Decreto 16/2012 de exclusión sanitaria. El propio Consejero de Salud trasladó a la Ministra esta exigencia durante el último Consejo Interterritorial el 21 de junio.


Desde que se aprobó el RDL 16/2012 la Plataforma Sanidad Universal, integrada por más de 40 asociaciones, ONGs, sindicatos y partidos políticos de Aragón ha luchado por devolver la sanidad universal de manera efectiva para todas las personas que quedaron excluidas. Hasta el momento las medidas que se habían tomado desde el Ejecutivo Aragonés mejoraban el acceso pero no lo garantizaban en igualdad de condiciones.


Por ello, desde la PSU valoramos positvamente la adopción de esta medida. Si bien la PNL no tiene carácter vinculante, el hecho de que haya sido aprobada con el apoyo del partido del Gobierno es de esperar la pronta puesta en marcha de las medidas que esta recoge. Una vez se introduzcan estas modificaciones se facilitará la atención a todas las personas independientemente de su situación administrativa. No obstante, seguiremos reiterando que el fin definitivo de la exclusión sanitaria no podrá producirse hasta que no se derogue el RDL 16/2012.

 

PNL Aragón

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El Gobierno veta asumir el coste de la atención sanitaria a extranjeros

El Gobierno ha vetado en el Congreso una proposición de ley aprobada por la Junta General del Principado de Asturias para la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública, que busca recuperar la figura del 'asegurado' eliminada en la reforma de 2012. El Ejecutivo señala que el nuevo texto supondría un coste de más de 1.250 millones de euros

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Catalunya blinda la sanidad universal con una ley propia que desafía el decreto de Rajoy de 2012

Cualquier persona residente en Catalunya tendrá derecho a la asistencia sanitaria pública. Después de cinco años desde la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 del Partido Popular, que restringía el acceso de la sanidad a ciertos colectivos, el Parlament ha aprobado este jueves una ley que desafía la norma estatal y garantiza así el acceso universal a la asistencia sanitaria en el territorio catalán.

 

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Aprobada una iniciativa en el Congreso contra el decreto de exclusión sanitaria

Aprobada una iniciativa en el Congreso contra el decreto de exclusión sanitaria

REDER valora positivamente esta Proposición No de Ley para derogar parcialmente el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril

La Comisión de Sanidad aprobó el pasado martes una Proposición No de Ley presentada por Unid@s Podemos que pide al Gobierno derogar parcialmente la reforma sanitaria vigente desde hace cinco años para recuperar una única cartera de servicios sanitarios. Esta iniciativa – que salió adelante con el único voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos – hace frente a una de las principales preocupaciones planteadas por la Red de Denuncia y Resistencia ante el Real Decreto Ley 16/2012 (REDER), en relación con las diferencias territoriales que esta normativa generó en la cobertura sanitaria entre las distintas comunidades autónomas. En este sentido, las entidades que forman parte de REDER valoran de forma positiva la aprobación de esta Proposición No de Ley como un esfuerzo más para poner fin a la injusticia provocada por el Gobierno desde 2012.

No obstante, se mantiene una doble preocupación. Por un lado, el carácter no vinculante de la iniciativa hace suponer que no va a servir para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy modifique una normativa que lleva cinco años defendiendo a ultranza, a pesar de sus graves consecuencias sobre la salud de las personas.

Por otro lado, esta PNL no aborda la cuestión clave de la universalidad del sistema de salud. Recordemos que la reforma sanitaria de 2012 excluyó de la atención normalizada a cientos de miles de personas extranjeras que, a pesar de vivir y trabajar en España, se encontraban en ese momento en situación administrativa irregular.

Esfuerzos a favor de una sanidad para todos y todas

En los últimos meses hemos asistido a varios intentos para cambiar esta situación. Así, el pasado mes de octubre el grupo socialista planteó una Proposición de Ley sobre universalización de la asistencia sanitaria que  fue vetada por el Gobierno. Más recientemente, el pasado 5 de mayo,  la Junta del Principado de Asturias presentó en el Congreso una iniciativa similar, que es de temer que corra igual suerte que la primera.

Limitando los derechos humanos: el sorprendente papel del Tribunal Constitucional

Más allá del empecinamiento del Gobierno a la hora de desoír a la mayoría parlamentaria que exige el fin de la exclusión sanitaria, resulta igualmente descorazonador el apoyo que dicha política ha recibido del Tribunal Constitucional. La sentencia de este órgano de finales de julio en la que declaraba la constitucionalidad del RDL desestimando el recurso presentado por el Parlamento de Navarra ha sido seguida por una resolución idéntica el pasado 7 de abril, esta vez contra la Junta de Andalucía. Estas sentencias – que lejos de ser unánimes cuentan con tres votos particulares cada una – contradicen opiniones previas del propio Tribunal, que había declarado que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas […], así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Es además muy preocupante que el TC no tenga en cuenta las obligaciones de protección de los derechos humanos contraídas por el Estado Español al suscribir diversos tratados internacionales y muy especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, prohibiendo asimismo las medidas de carácter regresivo.

Por todo ello, desde REDER exigimos: 

  • A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.
  • Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
  • Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.
  • A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de Abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
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El 22% de los inmigrantes con VIH declara haber sufrido alguna barrera en su acceso al SNS

La falta de tarjeta sanitaria es la principal barrera de acceso específica para los inmigrantes con VIH, que en un 22 por ciento declaran haber sufrido alguna dificultad para acceder a la asistencia sanitaria, según ha demostrado el estudio europeo aMASE, que será presentado en el marco del VIII Congreso Nacional del Grupo de Estudios del SIDA (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMCG).

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CIBERESP propone recomendaciones para mejorar la salud de los inmigrantes

El informe “Migración y salud en España”, elaborado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) -consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, ha reconocido que “la crisis económica que ha sufrido España ha tenido un impacto significativo sobre la salud y el bienestar de los inmigrantes como consecuencia de la pérdida de equidad y los recortes en sanidad” y propone, por tanto, una serie de recomendaciones para mejorar su salud.

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El derecho a a salud. La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria

En España, desde la aprobación de la Constitución Española se ha desarrollado toda una serie de normativa de protección al derecho a la salud y reconocimiento de la persona como sujeto de este derecho, desvinculándolo de su situación administrativa y de empleo.

Pero con la entrada en vigor del Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones, se produce una ruptura de este modelo sanitario. Fundamentalmente se provoca una restricción de las condiciones para el acceso a una sanidad pública y gratuita por parte de la ciudadanía sea cual sea su situación social, administrativa o económica.

Ante esta situación, en la Comunidad Valenciana, la sociedad civil se movilizó creando el Observatorio del Derecho Universal a la protección a la Salud ODUSALUD, con el objetivo de velar por el cumplimiento del derecho universal a la salud y la adhesión del movimiento de desobediencia civil Yo Sí, Sanidad Universal.

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