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La mortalidad entre sin papeles sube un 15% desde la reforma sanitaria

La mortalidad entre la población sin papeles aumentó una media de un 15% entre 2012 y 2015, los tres años posteriores a la aplicación de la ley sobre la reforma sanitaria implementada en España en septiembre de 2012 a través del Real Decreto 16/2012, que deja sin cobertura a personas en situación administrativa irregular. Así lo afirma una reciente investigación, la primera de este tipo, del Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Se titula The deadly effects of losing health insurance (Los efectos letales de perder la cobertura sanitaria) y ha sido presentada el 13 de abril en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

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La Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia reprende al Gobierno español por la exclusión sanitaria

En marzo de 2017, una delegación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia visitó España reuniéndose con diversos representantes gubernamentales y de la Sociedad Civil para determinar el grado de cumplimiento del Estado Español con los Derechos Humanos de las minorías.

Ahora, casi un año después la Comisión ha publicado sus conclusiones y recomendaciones. En ellas condena al Gobierno español por la regresión de derechos que supuso el Real Decreto-Ley 16/2012 al eliminar el derecho a la tarjeta sanitaria de las personas en situación administrativa irregular. Asimismo, recomienda al Gobierno la elaboración de un informe de impacto que dichas medidas han tenido sobre la población excluida - una petición largamente demandada por la sociedad civil - y le exige la pronta adopción de medidas que garanticen el derecho a la salud de todas las personas migrantes.

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El TC declara nula la ley navarra que reconoce el derecho a asistencia sanitaria gratuita

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula la Ley Foral 8/2013, de 25 de febrero, por la que se reconoce a los residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario navarro, al considerarla "incompatible" con la regulación estatal.

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Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.

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El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal

 

  • El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
  • Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

 

 

Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.  Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Restricción de las competencias autonómicas para otorgar asistencia sanitaria por encima de los mínimos establecidos por el RDL 16/2012

La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aún cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España.

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.

Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.

Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitario

 

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario.

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible.

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  - entre enero de 2014 y agosto de 2017 - más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas.

La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en España

La sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca.  

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Pero, ¿quién paga la sanidad universal?

La sanidad universal garantiza el acceso a los servicios sanitarios cuando los precisa a cualquier persona por el hecho de serlo. Es un derecho fundamental y un elemento insustituible de equidad (asignar recursos a las personas en función de sus necesidades) propio de un estado social moderno. Suprimir o restringir ese derecho es limitar las posibilidades de desarrollo físico y psíquico a quienes carecen de recursos y sobretodo, abandonar a esas personas al sufrimiento, la incapacidad o a una muerte que podría haberse evitado. El Sistema Nacional de Salud español definido en la Ley General de Sanidad de 1986 marca la ruta hacia un sistema sanitario universal.


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Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

NOTA DE PRENSA

 

70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

 

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

 

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

 

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

 

Cinco años de RDL 16/2012

En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.

 

Firmantes del Pacto

 

ElPacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.

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Desmontando los mitos de la exclusión sanitaria

“La sanidad es hoy más universal que nunca. Todas las personas que están en España tienen acceso a la atención sanitaria”. Este fue el mensaje colgado en Twitter el pasado 13 de junio por la actual Ministra de Sanidad Dolors Montserrat. No es una novedad. Este es el mantra repetido hasta la saciedad por Gobierno y Partido Popular desde aquél infausto 20 de abril de hace cinco años en que el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012. En todo este tiempo el Ejecutivo ha rehuido su obligación de demostrar fehacientemente la necesidad de esta medida, que expulsaba del sistema sanitario a miles de personas, pero no ha escatimado esfuerzos a la hora de desplegar toda una serie de mensajes falaces que buscaban justificar lo injustificable. Poco han importado las denuncias por parte de organizaciones sociales, instituciones internacionales de derechos humanos y profesionales del ámbito sanitario de la injusticia que se estaba perpetrando. Poco importa que en 2017 se sigan produciendo casos graves de denegación de asistencia sanitaria que ponen en riesgo la salud y la vida de muchas personas.


Por ello, desde REDER hemos decidido dedicar nuestro nuevo informe a desmontar estos mensajes haciendo uso de los datos que la red ha registrado desde enero de 2014. Más de 3300 casos de vulneración del derecho a la salud documentados en dicho periodo son una simple muestra – pues cabe esperar que el número de personas que padecen la exclusión sea mucho mayor si tenemos en cuenta las cerca de 900.000 tarjetas sanitarias que el Gobierno aseguró haber retirado con la entrada en vigor del RDL – pero suficiente para cuestionar la alardeada universalidad del sistema. Asimismo la constatación de que las propias excepciones previstas en el RDL – mujeres embarazadas, menores de edad y atención en urgencias – se vulneran repetidamente debería llevar al Ministerio a tomar medidas en lugar de asegurar que “en España nadie se queda sin asistencia sanitaria”.


Más flagrante incluso resulta la constante equiparación entre inmigración irregular y turismo sanitario para vincular la primera con el supuesto abuso del sistema sanitario que pone en riesgo la sostenibilidad del mismo. El hecho de que se trate de dos perfiles radicalmente distintos y de que sean múltiples los informes que indican que únicamente una ínfima parte de las personas que migran lo hacen por motivos de salud no parece haber sido impedimento para que desde el Gobierno se continúe insistiendo en un mensaje con claros tintes xenófobos.


Más allá de estas falacias también parece haberse instalado una percepción generalizada de que con la aprobación por parte de las comunidades autónomas de normativas que otorgan acceso a las personas en situación irregular la exclusión sanitaria ha pasado a la historia o cuanto menos ha quedado reducida a un problema marginal. Si bien es cierto que dichas normativas han contribuido a mitigar los efectos más dañinos del RDL, también es cierto que no han conseguido desterrar la exclusión sanitaria. Bien sea por las deficiencias en la forma o en la implementación de estas medidas o por las propias limitaciones competenciales de las CCAA, la realidad es que siguen siendo muchas las personas que viven en nuestro país que no pueden acceder de forma normalizada a la atención sanitaria que necesitan.


Por todo ello, y porque aspiramos a que las palabras de la Ministra se conviertan en una realidad, desde REDER exigimos que de forma urgente e inaplazable se tomen las medidas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud verdaderamente universal en el que todas las personas tengan derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones, independientemente de su situación administrativa.

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El Parlament de Catalunya aprueba la ley de universalización de la asistencia sanitaria pública

El 14 de junio, el Parlament de Catalunya aprobó la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut, un nuevo desafío al RDL 16/2012 y a las situaciones de exclusión sanitaria que éste generó y un intento de recuperar la universalización del derecho a la asistencia sanitaria.


Desde la entrada en vigor del RDL 16/2012, el gobierno catalán ha llevado a cabo varios intentos por amortiguar sus efectos, a través de distintas normativas: la instrucción 10/2012 a la que siguió la instrucción 08/2015 y finalmente la recién aprobada ley de universalización de la asistencia sanitaria. Aunque cada una de ellas ha supuesto un avance respecto a las situaciones precedentes, ninguna ha conseguido revertir estos efectos completamente. Del mismo modo han demostrado ser insuficientes para garantizar una atención sanitaria plenamente universal, sin grietas jurídicas en las que quepan casos de exclusión. Durante este tiempo, ante la persistencia de situaciones de vulneración de derechos en embarazadas, niños/as menores de edad y facturación indebida e ilegal la atención a las urgencias, el Catsalut (Servicio Catalán de Salud) se ha visto forzado en varias ocasiones a elaborar documentos internos y resoluciones para recordar a sus proveedores sanitarios su obligación de proteger y asegurar los derechos en estas situaciones. Este hecho demuestra las insuficiencias de las normativas para hacer efectivo el derecho a la asistencia sanitaria.


Todos estos avances no habrían sido posibles sin el trabajo de denuncia y presión política y mediática que las entidades como Jo Sí Sanitat Universal ó Pasucat junto con la ciudadanía hemos llevado a cabo durante todo este tiempo. Dar visibilidad a estas situaciones de vulneración ha sido un elemento clave para generar una reacción, tanto en las administraciones públicas como en los partidos políticos, y crear los escenarios necesarios para reclamar los cambios jurídicos que finalmente han sido conseguidos.


Tal como expresamos en una nota de prensa, desde la Pasucat hacemos una valoración positiva de la nueva ley de universalización, ya que supone un nuevo avance hacia una sanidad pública universal. El principal logro de esta ley es consolidar la instrucción 08/2015, que amplía el derecho a la atención sanitaria de varios colectivos excluidos por el RDL 16/2012, y eliminar el tiempo mínimo de padrón (3 meses) que era necesario para obtener la tarjeta sanitaria. No obstante, lamentamos también que haya sido una oportunidad perdida para eliminar importantes barreras en el acceso, puesto que sigue sin garantizar la atención de las personas residentes en Catalunya sin acceso al padrón y en las situaciones de urgencia.


Las entidades y la ciudadanía seguiremos trabajando para conseguir una sanidad pública y realmente universal, denunciando la exclusión, acompañando a las personas excluidas y desobedeciendo para que sean atendidas.

 

parlament nova llei

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La salud no es un juego

¿Te imaginas levantarte una mañana con fuertes dolores de cabeza y sangrado de nariz y que al acudir al centro de salud no sólo te nieguen la asistencia sanitaria sino que te amenacen con llamar a la policía? ¿Qué harías si estás embarazada y al intentar concertar una cita con el médico para que dé seguimiento a tu embarazo te dijeran que no tienes derecho? Estos son algunos de los casos que las organizaciones integrantes de REDER documentan a diario. Estas son algunas de las historias reales que protagonizaron el “juego” en el que invitamos a participar a aquellas personas que se pasaban por la plaza de Pedro Zerolo en Madrid la mañana del 20 de abril.


La idea era sencilla. Cada persona recibía una breve ficha en la que se le informaba de su edad, sexo, nacionalidad, situación administrativa y problema de salud. Con dicha información debían intentar obtener asistencia sanitaria ante las distintas instancias puestas en escena por personas voluntarias de REDER (Centro de Salud, Urgencias, INSS, Trabajo Social). De este modo las y los participantes experimentaban el periplo de negativas, desinformación e incluso xenofobia que deben afrontar miles de personas en nuestro país desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012.


Personas como Gabriela, una chica boliviana de 17 años que vive en España desde hace algo más de un año. Gabriela acude al centro de salud con fiebre alta y diarrea, preocupada porque su padre está ingresado hace algunos días y ha sido diagnosticado con la enfermedad de Chagas. En el mostrador del Centro, la persona que atiende a Gabriela le dice que no tiene derecho a la asistencia por carecer de tarjeta sanitaria – a pesar de que el propio RDL prevé que las y los menores deben recibir atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española. Desde la ventanilla de admisión del Centro de Salud le indican que su única alternativa para recibir asistencia es acudir a urgencias del hospital. Debilitada por su estado de salud Gabriela se dirige entonces a urgencias para encontrarse que allí le dicen que la atenderán pero que tendrá que pagar 180 euros por dicha atención.


No fue fácil tampoco ponerse en la piel de Alí, de 30 años y nacionalizado español de origen pakistaní. Cuando su padre – que vive con Alí en situación de reagrupación familiar (y por tanto regular) – sufre una angina de pecho, su hijo le lleva al hospital donde es ingresado. Para su sorpresa en el centro le dicen que al no tener su padre tarjeta sanitaria tendrán que facturarle la atención, algo que Alí no se puede permitir. Angustiado acude al Instituto Nacional de la Seguridad Social para pedir que le tramiten la tarjeta sanitaria de su padre, pero allí le informan que al haber formado este parte de un proceso de reagrupación familiar se le presume que debe contar con seguro privado y por tanto no tiene derecho a la tarjeta.


“Nunca se entiende a una persona hasta que te calzas sus zapatos y caminas con ellos”. Así aleccionaba a su hija Atticus, el infatigable defensor de desfavorecidos en Matar a un ruiseñor. Todas aquellas personas que participaron en nuestro “juego” tuvieron la oportunidad de acercarse durante unos breves minutos a la realidad de la exclusión sanitaria. Por desgracia, para las mujeres y hombres detrás de cada una de las historias que allí se representaron – y de miles más con experiencias similares – su día a día no tiene nada de lúdico. Por todas ellas, porque la salud no es un juego sino un derecho humano, seguiremos exigiendo el fin de esta política injusta e inhumana y defendiendo una sanidad pública y universal para tod@s.

 

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