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Aprobada una iniciativa en el Congreso contra el decreto de exclusión sanitaria

Aprobada una iniciativa en el Congreso contra el decreto de exclusión sanitaria

REDER valora positivamente esta Proposición No de Ley para derogar parcialmente el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril

La Comisión de Sanidad aprobó el pasado martes una Proposición No de Ley presentada por Unid@s Podemos que pide al Gobierno derogar parcialmente la reforma sanitaria vigente desde hace cinco años para recuperar una única cartera de servicios sanitarios. Esta iniciativa – que salió adelante con el único voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos – hace frente a una de las principales preocupaciones planteadas por la Red de Denuncia y Resistencia ante el Real Decreto Ley 16/2012 (REDER), en relación con las diferencias territoriales que esta normativa generó en la cobertura sanitaria entre las distintas comunidades autónomas. En este sentido, las entidades que forman parte de REDER valoran de forma positiva la aprobación de esta Proposición No de Ley como un esfuerzo más para poner fin a la injusticia provocada por el Gobierno desde 2012.

No obstante, se mantiene una doble preocupación. Por un lado, el carácter no vinculante de la iniciativa hace suponer que no va a servir para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy modifique una normativa que lleva cinco años defendiendo a ultranza, a pesar de sus graves consecuencias sobre la salud de las personas.

Por otro lado, esta PNL no aborda la cuestión clave de la universalidad del sistema de salud. Recordemos que la reforma sanitaria de 2012 excluyó de la atención normalizada a cientos de miles de personas extranjeras que, a pesar de vivir y trabajar en España, se encontraban en ese momento en situación administrativa irregular.

Esfuerzos a favor de una sanidad para todos y todas

En los últimos meses hemos asistido a varios intentos para cambiar esta situación. Así, el pasado mes de octubre el grupo socialista planteó una Proposición de Ley sobre universalización de la asistencia sanitaria que  fue vetada por el Gobierno. Más recientemente, el pasado 5 de mayo,  la Junta del Principado de Asturias presentó en el Congreso una iniciativa similar, que es de temer que corra igual suerte que la primera.

Limitando los derechos humanos: el sorprendente papel del Tribunal Constitucional

Más allá del empecinamiento del Gobierno a la hora de desoír a la mayoría parlamentaria que exige el fin de la exclusión sanitaria, resulta igualmente descorazonador el apoyo que dicha política ha recibido del Tribunal Constitucional. La sentencia de este órgano de finales de julio en la que declaraba la constitucionalidad del RDL desestimando el recurso presentado por el Parlamento de Navarra ha sido seguida por una resolución idéntica el pasado 7 de abril, esta vez contra la Junta de Andalucía. Estas sentencias – que lejos de ser unánimes cuentan con tres votos particulares cada una – contradicen opiniones previas del propio Tribunal, que había declarado que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas […], así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Es además muy preocupante que el TC no tenga en cuenta las obligaciones de protección de los derechos humanos contraídas por el Estado Español al suscribir diversos tratados internacionales y muy especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que contempla la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, prohibiendo asimismo las medidas de carácter regresivo.

Por todo ello, desde REDER exigimos: 

  • A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.
  • Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
  • Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.
  • A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de Abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud. 
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El 22% de los inmigrantes con VIH declara haber sufrido alguna barrera en su acceso al SNS

La falta de tarjeta sanitaria es la principal barrera de acceso específica para los inmigrantes con VIH, que en un 22 por ciento declaran haber sufrido alguna dificultad para acceder a la asistencia sanitaria, según ha demostrado el estudio europeo aMASE, que será presentado en el marco del VIII Congreso Nacional del Grupo de Estudios del SIDA (GESIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMCG).

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CIBERESP propone recomendaciones para mejorar la salud de los inmigrantes

El informe “Migración y salud en España”, elaborado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) -consorcio dependiente del Instituto de Salud Carlos III y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad-, ha reconocido que “la crisis económica que ha sufrido España ha tenido un impacto significativo sobre la salud y el bienestar de los inmigrantes como consecuencia de la pérdida de equidad y los recortes en sanidad” y propone, por tanto, una serie de recomendaciones para mejorar su salud.

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El derecho a a salud. La sociedad civil frente a la exclusión sanitaria

En España, desde la aprobación de la Constitución Española se ha desarrollado toda una serie de normativa de protección al derecho a la salud y reconocimiento de la persona como sujeto de este derecho, desvinculándolo de su situación administrativa y de empleo.

Pero con la entrada en vigor del Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de sus prestaciones, se produce una ruptura de este modelo sanitario. Fundamentalmente se provoca una restricción de las condiciones para el acceso a una sanidad pública y gratuita por parte de la ciudadanía sea cual sea su situación social, administrativa o económica.

Ante esta situación, en la Comunidad Valenciana, la sociedad civil se movilizó creando el Observatorio del Derecho Universal a la protección a la Salud ODUSALUD, con el objetivo de velar por el cumplimiento del derecho universal a la salud y la adhesión del movimiento de desobediencia civil Yo Sí, Sanidad Universal.

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Primer encuentro estatal de REDER

El pasado 10 de septiembre en Madrid tuvo lugar el primer encuentro estatal de organizaciones integrantes de REDER. Por primera vez desde la conformación de la red, representantes de las distintas plataformas autonómicas así como de las principales organizaciones sociales y asociaciones profesionales que forman REDER se dieron cita para discutir el presente y futuro de la iniciativa. Fue un momento para poner cara a todas aquellas personas activas y comprometidas que durante los últimos años han estado peleando por una sanidad universal.

Desde Cantabria hasta Valencia y desde Catalunya a Murcia, pasando por Madrid y Aragón las diversas realidades territoriales estuvieron presentes. El intercambio de experiencias durante la jornada llevó a la constatación de que, más allá de los contextos particulares, son muchas las barreras comunes que se confrontan a diario. Así, la falta de información – que afecta tanto al personal de los centros sanitarios, como a las personas inmigrantes y a las asociaciones que trabajan con ellas – las facturaciones en urgencias o las barreras administrativas – desde el empadronamiento al certificado de no exportación o la asistencia a familiares ascendientes reagrupadas – constituyen problemáticas habituales a lo largo y ancho de la geografía española.

Más allá de las barreras concretas, también son compartidos los desafíos y amenazas que acechan a la lucha por una sanidad universal. En este sentido las consecuencias que se pueden derivar de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional son un claro ejemplo – puesto que son múltiples las normativas autonómicas que se encuentran inmersas en recursos de inconstitucionalidad. Ocurre lo mismo con la desmovilización que se ha impuesto entre amplios sectores de la sociedad al percibir que con las nuevas normativas autonómicas la exclusión sanitaria ha dejado de ser un problema y que se ha traducido igualmente en una falta de gancho mediático a la hora de trasladar nuestras denuncias a la opinión pública.

Tomar conciencia de todos estos retos comunes supone igualmente poner en valor la necesidad del trabajo en red. La diversidad de las organizaciones integrantes y sus distintas fortalezas – desde la comunicación hasta los conocimientos jurídicos – es un potencial que aún no se ha explotado a fondo desde REDER. Por ello en la reunión se acordó la creación de sendos grupos de trabajo. El primero de ellos, de buenas prácticas – desde el que intercambiar inteligencia que permita exportar experiencias exitosas de una comunidad autónoma a otra, así como articular foros de discusión sobre cómo abordar temáticas concretas. El segundo sobre movilización y comunicación cuyo objetivo será aportar iniciativas creativas para relanzar nuestro discurso y volver a situar la derogación del RDL 16/2012 como una prioridad de primer orden en la agenda política.

Finalizada la jornada tocó volver a casa, y con ello a la batalla cotidiana contra la exclusión sanitaria. No obstante, y a pesar de ser conscientes de lo mucho que aún queda por hacer en el largo camino hacia una sanidad universal y pública, la oposición al RDL ha salido reforzada de este encuentro.

 

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Real Decreto-Ley 16/2012 o la dictadura del artículo 135 de la Constitución: la Sentencia del Tribunal Constitucional

La entrada en vigor del Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de medidas urgentes para – supuestamente – garantizar la sostenibilidad, calidad y seguridad del Sistema Nacional de Salud y sus prestaciones quebró el principio de universalidad consignado hasta entonces en la Ley General de Sanidad de 1986 que reconocía como titulares del derecho a la salud y la atención sanitaria a “todos los españoles y ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”(Artículo 1, 2). Transcurridos más de 4 años de esta entrada en vigor, la vulneración del derecho a la salud impuesta por el RDL se ha visto agravada por la inseguridad jurídica en la que ha sumido a los sectores más vulnerables de la población. Así, la dejadez de funciones por parte de las autoridades competentes – cuando no directamente el abandono malintencionado de estas funciones – ha provocado que la aplicación del RDL se haya caracterizado por su arbitrariedad y discrecionalidad.

El Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre la pertinencia de esta norma ya en 2012, en relación con las competencias del País Vasco para brindar asistencia sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular. En este auto, el Tribunal argumentaba – en una opinión que fue posteriormente reiterada en los autos que resolvían el levantamiento de la suspensión a las normativas navarra y valenciana, también impugnadas por el Gobierno – que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”. La rotundidad de esta afirmación, así como la firme defensa de la importancia constitucional del derecho a la salud parecían evidenciar que el Alto Tribunal declararía inconstitucional el RDL 16/2012.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, la Sentencia del TC 139/2016 de 21 de julio de 2016 avaló la constitucionalidad del RDL, contradiciendo frontalmente lo expuesto en autos anteriores y echando por tierra las esperanzas de la Sociedad Civil. Esta decisión, lejos de suscitar la unanimidad dentro del Tribunal contó con los votos particulares de tres magistrados que mostraron su profunda discrepancia. En su argumentación, el TC consideró probado en primer lugar la concurrencia de una situación excepcional – la crisis económica que afectaba a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) – que justificaba el uso de un instrumento legislativo de excepción como el RDL. Llama la atención que los cambios estructurales realizados de manera coyuntural, como el retorno al modelo de aseguramiento, no fuese considerado un uso inconstitucional de la figura del RDL. No se puede perder de vista que la mayoría absoluta del Partido Popular impidió el debate parlamentario al que obliga la propia Constitución (CE).

Justificada la herramienta, el TC consideró igualmente legítimo que, en aras del ahorro de costes y la mejora de la eficiencia del sistema, se introdujeran las figuras de asegurados o beneficiarios del SNS, excluyendo de dichas categorías a colectivos vulnerables que quedaban al margen de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos. La contradicción aquí respecto a las argumentaciones contenidas en los autos precedentes es evidente. Resulta particularmente llamativa la clarificación que realiza el Tribunal al afirmar que la pretensión de universalidad de la protección de la salud recogida por el artículo 43 de la CE no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de las prestaciones y los servicios sanitarios. De este modo, según el TC estaríamos ante un derecho que es susceptible de ser modulado en su aplicación por el legislador. Esta es una afirmación profundamente falaz pues tal y como han señalado reiteradamente organizaciones como Médicos del Mundo, la protección de la salud en España no es gratuita sino que se financia a través de impuestos directos e indirectos. De hecho, todas las personas que viven en el Estado español pagan impuestos sobre el consumo (ej. IVA), contribuyendo con ello al financiamiento del SNS.

Ya por último, resulta elocuente el poco valor que e Tribunal otorga a las obligaciones internacionales de España en materia de Derechos Humanos. Así, tras afirmar que el RDL no vulnera el contenido del derecho a la salud delimitado por los tratados internacionales, niega que los tratados y convenios internacionales puedan considerarse en sí mismos canon de constitucionalidad. Esto lleva al TC a ignorar la opinión de organismos internacionales como el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa quien consideró que el Real Decreto 16/2012 es contrario al Artículo 11, el cual obliga a los gobiernos a garantizar a todas las personas un ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, eliminando las causas de la enfermedad. De igual manera, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos señaló que España tiene la obligación de garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas, incluidas las personas migrantes, independientemente de su situación jurídica.

A la vista de los hechos queda la sensación que TC se ha convertido en el principal cancerbero del artículo 135 de la CE, impuesto por Bruselas, e intérprete de primer orden de las directivas europeas en relación con asistencia sanitaria transfronteriza.

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El Gobierno no garantiza la atención primaria a los inmigrantes un año y medio después de su anuncio

Este jueves se cumplen cuatro años desde que el Gobierno retiró cientos de miles de tarjetas sanitarias, muchas de ellas a inmigrantes en situación irregular. El 31 de marzo de 2015 parecía que su suerte iba a cambiar. El entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, renegó, aunque solo en parte, de su propia reforma sanitaria de 2012. "No tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", dijo Alonso. Desde entonces, un año y medio después de anunciar que les devolvería el derecho a acudir al médico de cabecera, no hay rastro del documento prometido para ello.

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REDER ante el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra el Real Decreto-Ley 16/2012 de 20 de abril

En pleno inicio de las vacaciones de Agosto, el Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso presentado en su día por el Parlamento de Navarra sobre el Real Decreto-Ley 16/2012 (RDL) que impuso a golpe de excepcionalidad la exclusión sanitaria. Esta es una decisión más que preocupante y que ha dividido al propio Tribunal como muestran los tres votos particulares que disienten de la posición mayoritaria.

Ante esta decisión, decepcionante a todas luces, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER – manifiesta lo siguiente:

  • Su total desacuerdo con la sentencia que viene a avalar las posiciones políticas del Gobierno del Partido Popular, defendidas por la Abogacía del Estado. En este sentido nuestra red coincide básicamente con los argumentos expresados en los votos particulares presentados.
  • Recuerda además que el partido del Gobierno aprobó el citado RDL con carácter de urgencia, eludiendo el debate público y en contra del criterio de todos los demás grupos parlamentarios; así como expertos en Salud Pública, Sociedades científicas, sectores profesionales y organizaciones concernidas de la Sociedad civil. En la exposición de motivos del citado RDL no sólo no se fundamenta en absoluto la relación entre los cambios sustantivos que se introducen y la sostenibilidad del SNS, sino que además no se resuelven los problemas que dice la norma pretende resolver como los supuestos del llamado “turismo sanitario” y el pago de los ciudadanos comunitarios residentes temporal o permanentemente en España. A día de hoy aún no ha sido publicada memoria económica alguna que justifique la medida adoptada.
  • La exclusión de las personas inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria (excepto en el caso de menores, mujeres embarazadas y urgencias), es una medida regresiva en materia de Derechos Humanos y contraria a las obligaciones internacionales del Estado español, tal y como han reiterado múltiples instituciones europeas y de Naciones Unidas. Cabe recordar que la propia Constitución prevé la incorporación al ordenamiento constitucional de los tratados internacionales ratificados por España, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que contempla en su artículo 12 la obligación de garantizar “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
  • El Tribunal Constitucional en su sentencia alega que “el que los poderes públicos deban organizar las prestaciones y servicios necesarios para garantizar la protección de la salud, no significa que estas prestaciones hayan de ser necesariamente gratuitas para todos los potenciales destinatarios”. Desde REDER queremos recordar que una cosa es la gratuidad en el punto de uso y otra muy distinta la contribución a la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) que realizan todas las personas que viven y consumen en España, pues este se sostiene a través de impuestos – directos e indirectos. Así, las personas inmigrantes en situación irregular contribuyen – a través de su consumo diario y de la riqueza que generan con su trabajo – al sostenimiento de un sistema de salud del que son injustamente excluidas.
  • La Sentencia del TC contradice anteriores opiniones, expresadas en los autos de levantamiento de la suspensión de las normativas específicas de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunitat Valenciana que argumentaban que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”. Frente a la primacía otorgada en aquellas decisiones al derecho a la salud, la nueva decisión subordina ahora este a criterios economicistas, sentando un peligroso precedente.
  • El RDL es una medida injusta desde la óptica de derechos, pero resulta además ineficaz desde la perspectiva de salud pública al contradecir el principio de prevención que debe guiar todo sistema sanitario público. Más aún, es ineficiente desde el punto de vista económico pues no sólo traslada los costes de la Asistencia Primaria a las urgencias (más caras), sino que persigue el ahorro a costa de un colectivo – las personas inmigrantes en situación irregular – cuyo uso del sistema sanitario es significativamente inferior proporcionalmente al del resto de la población,  de acuerdo con la evidencia científica disponible.
  • En términos políticos y sociales, el RDL 16/2012 marca un antes y un después en la configuración del Sistema Nacional de Salud (SNS). Excusándose en el supuesto riesgo de colapso del SNS como consecuencia de la crisis económica, impone una profunda modificación del sistema que rompe con una tendencia progresiva hacia la universalización de la asistencia sanitaria basada en la Constitución Española (1978), promovida con la Ley General de Sanidad (1986), continuada por la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011).
  • Pero seguramente la mayor regresión se da en la propia concepción del sistema mediante la sustitución del concepto de ciudadanía por el de aseguramiento para tener derecho a la asistencia sanitaria. Es decir, el derecho a la salud y la asistencia sanitaria se genera no por la condición de ciudadano, si no por el de asegurado. Lo cual significa retrotraernos a los tiempos preconstitucionales, anteriores a nuestro SNS, donde existía la asistencia de la Seguridad Social para los asegurados y la beneficencia para el resto. Teniendo además en cuenta, que desde los años 80 se ha ido incrementando progresivamente la financiación del Sistema a través de impuestos y disminuyendo la contribución de la SS.
  • REDER seguirá trabajando para conseguir la derogación del RDL y por la universalización del derecho a la salud para todas las personas independientemente de su situación administrativa. Seguiremos defendiendo que para ello son necesarios Sistemas de Salud financiados por impuestos y sin pagos en el momento de la asistencia; que garantizan el derecho a la salud y su protección, promoción y asistencia en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación.
  • Ante esta situación, REDER pide:
  • A los gobiernos y parlamentos autonómicos que sigan avanzando hasta el límite de sus competencias para garantizar el acceso universal y en condiciones de equidad al sistema público de salud a todas las personas independientemente de su situación administrativa.
  • Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud le animamos a sumarse al movimiento de objeción de conciencia con respecto a la aplicación del Real Decreto-Ley 16/2012, pues consideramos que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos.
  • Al conjunto de la sociedad civil la animamos a apoyar las movilizaciones y acciones de rebeldía frente al Real Decreto-Ley.
  • A todos los grupos parlamentarios que se han manifestado en contra del RDL - y que a día de hoy cuentan con una presencia mayoritaria en el Congreso - que presenten con carácter de urgencia una iniciativa conjunta para derogar el RDL 16/2012 de 20 de Abril y sus contenidos más regresivos y promueva alternativamente una norma que garantice el derecho a la Salud y la asistencia sanitaria para todas las personas que vivan en España sin distinción alguna. Igualmente solicitamos una financiación suficiente del SNS con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, que incremente la insuficiente financiación actual (consecuencia de los sucesivos recortes), en línea con los países europeos de nuestro entorno y permita revertir la situación actual de deterioro y desmoralización de las y los profesionales, sentando las bases de una verdadera sostenibilidad social, profesional, tecnológica y económica de nuestro Sistema Nacional de Salud.
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La sentencia del Tribunal Constitucional sobre exclusión sanitaria ignora los tratados de derechos humanos firmados por España

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC reiteran que la reforma sanitaria contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y es regresiva respecto al derecho a la salud 

Madrid.- Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) muestran su preocupación por la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el Real Decreto Ley 16/2012 (en adelante, RDL) y consolida la exclusión de la atención sanitaria gratuita para las personas migrantes en situación administrativa irregular.

Las organizaciones lamentan que el Tribunal Constitucional ignore los tratados internacionales y las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, cuando la propia Constitución obliga a interpretar los derechos contenidos en ésta a la luz de los tratados internacionales. Al contrario, en esta sentencia el Tribunal Constitucional da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales.

El Tribunal Constitucional, mediante esta sentencia, legitima la reforma sanitaria bajo la premisa de la existencia de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”. En este sentido, considera proporcionado limitar el acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas migrantes en situación administrativa irregular, colectivo que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad, con el fin de, según la sentencia, preservar el mantenimiento del sistema sanitario público. De este modo, consagra una visión regresiva sin suficiente justificación sobre el derecho a la salud en España.

Las organizaciones señalan que el Tribunal Constitucional ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es estado parte: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no rebajan ni eliminan las obligaciones de derechos humanos de un Estado.

Las organizaciones también muestran su preocupación por la ausencia de un análisis detallado y ponderado que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” a la que se refiere la sentencia que respalda un recorte en el derecho a la salud con potenciales impactos graves en la población afectada.

Desde que entró en vigor el RDL, el 1 de septiembre de 2012, más de 748.000 personas se han quedado sin tarjeta sanitaria y han quedado excluidas del Sistema Nacional de Salud, según los últimos datos facilitados por el Gobierno.

Conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física

El Tribunal Constitucional estima en su sentencia que la reforma sanitaria no constituye una vulneración del derecho a la salud, considerado un mero “principio rector de política económica y social”. Las organizaciones lamentan esta interpretación tan restrictiva, que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho, sin tener en cuenta las obligaciones que imponen a las autoridades españolas los tratados internacionales que regulan el derecho a la salud, de los que España es parte.

Igualmente, el Tribunal considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, puesto que, según la sentencia, esta está garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, la falta de acceso a sistemas de prevención en atención primaria así como a cuidados especializados o paliativos podrían tener un grave impacto en la vida de estas personas.

Además, el Tribunal Constitucional obvia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, algo que sí destaca en sus autos anteriores sobre la legislación vasca y navarra respecto a la universalidad del derecho a la salud. En ellos, el Tribunal afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico”.

Sin embargo, en la reciente sentencia, el Tribunal concluye que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar y la situación económica que se pretende controlar”. En este sentido, Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, REDER y semFYC recuerdan que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria de “novedad lamentable” o “contraria al principio de no discriminación” y han instado a España al restablecimiento de la universalidad del derecho a la salud.

Además, el Tribunal Constitucional parece obviar que, en tanto que el sistema sanitario público español se financia a través de impuestos directos e indirectos, estas personas también contribuyen a su sostenibilidad.

Las organizaciones renuevan su compromiso y esfuerzo por conseguir la vigencia plena del derecho a la salud universal en España y, por tanto, continúan exigiendo al Gobierno y al Congreso la derogación del RDL y la restitución de un sistema de acceso universal para todas las personas independientemente de su situación administrativa.

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La Seguridad Social deja a personas sin sanidad en comunidades con leyes para evitar la exclusión

Las 'cloacas' de la exclusión sanitaria en España en la actualidad, ocultas y casi imperceptibles para la mayoría de las personas, suelen tener un punto en común: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Es la conclusión de un nuevo informe de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que ha reunido casos de denegación de acceso al sistema de salud público de inmigrantes con permiso de residencia y de españoles, en regiones incluso que aprobaron normas para devolver la "universalidad" a sus comunidades tras la reforma sanitaria de 2012.

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