Un aniversario sin nada que celebrar

20 de abril de 2016. Son las 12 del mediodía y el cielo plomizo de Madrid amenaza con aguacero. Frente a la puerta del Ayuntamiento la alcaldesa Manuela Carmena posa con parte de su equipo municipal sosteniendo en la mano su tarjeta sanitaria. Como ella, concejalas y concejales repiten el mismo gesto en Barcelona, A Coruña, Santiago, Donostia, Huesca o Albacete entre otros municipios. Actos similares se repiten frente al Congreso de los Diputados así como ante los parlamentos autonómicos de Madrid, Catalunya, Galiza o Cantabria. Quieren recordar que hace cuatro años las personas inmigrantes en situación irregular vieron como les era arrebatado el derecho a la asistencia sanitaria que la legislación les reconocía hasta entonces. Ese día, El Gobierno, utilizando la vía de emergencia que le facultaba a sustraer la cuestión del debate parlamentario, aprobó el Real Decreto-Ley 16/2012, modificando radicalmente el sistema sanitario español y empujando a los márgenes de este a más de 800.000 personas.

Estos han sido cuatro largos años de vulneración sistemática del derecho fundamental a la salud de tantas y tantos inmigrantes en nuestro país. La constatación de que la exclusión mata – como tristemente ocurrió en los casos de Alpha Pam ó Carlos Duffy –, las repetidas condenas de organismos internacionales y europeos de Derechos Humanos, así como los informes que desbaratan los argumentos economicistas de la Administración – demostrando que resulta más barato para el sistema dar asistencia normalizada que a través de urgencias –, parecen haber caído en saco roto. Ni siquiera la opinión del propio Tribunal Constitucional manifestando que un derecho esencial no puede verse recortado en base a un hipotético ahorro económico ha conseguido que el Gobierno recule y revierta la reforma sanitaria.

Pero estos cuatro años también han visto luchas y resistencias que poco a poco han ido dando algunos frutos. Organizaciones sociales, asociaciones profesionales, plataformas ciudadanas y médicas y médicos valientes que permaneciendo fieles a su juramento hipocrático han seguido atendiendo de forma casi clandestina a inmigrantes en situación irregular, se movilizaron de forma inmediata constituyendo la primera línea de resistencia frente a la exclusión sanitaria. También algunas comunidades autónomas – Andalucía, Asturies, Catalunya, Navarra, Euskadi – se negaron a asumir la normativa y desarrollaron programas propios con los que paliar el impacto de la misma, otorgando con ello acceso al sistema sanitario público a muchos de los colectivos excluidos. Tras las elecciones autonómicas del año pasado el número de comunidades con este tipo de programas ascendió hasta alcanzar las quince – todas excepto Castilla y León y La Rioja – conformando una amplia oposición territorial al RDL.

Ahora, con motivo del aniversario de la aprobación del RDL 16/2012, esta oposición se ha manifestado con fuerza para exigir al Gobierno que ponga fin de una vez por todas a la exclusión sanitaria. Junto a las concentraciones a las que hacíamos referencia al principio de este artículo, ayuntamientos y parlamentos autonómicos en doce comunidades autonómicas han aprobado mociones municipales y Proposiciones No de Ley conminando al Gobierno a restituir un sistema de acceso universal para todas las personas que se encuentren en España, independientemente de su situación administrativa. Y no es poca la urgencia, pues tal y como se recoge en el último informe publicado por REDER, sólo entre agosto de 2015 y marzo de 2016 hemos tenido constancia de 541 casos de personas cuyo derecho a la salud se ha visto vulnerado.

Así pues, tras las elecciones de este domingo, el Parlamento y el Gobierno que surjan de las urnas tendrán la responsabilidad ineludible de reformar el RDL 16/2012 para restituir la universalidad que nunca debimos haber perdido, convirtiendo con ello el 20 de abril de 2012 en un simple mal recuerdo… Y desde la Sociedad Civil seguiremos luchando para asegurar que así sea.