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Los tribunales rechazan la exclusión sanitaria de la Seguridad Social a inmigrantes reagrupados

Hilda Castro, pensionista venezolana de 77 años, reside de manera legal en España desde 2011. Obtuvo su permiso de residencia como familiar de su hija Zulay, que ya cuenta con la nacionalidad española. Sin embargo, la Seguridad Social le negaba el derecho a la tarjeta sanitaria, porque le exigía "un seguro médico privado", cuenta su abogada, Laia Costa. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechaza los argumentos de la administración, como ya hizo el de Castilla y León, y sienta otro precedente para los muchos ancianos que recibieron la misma negativa. Para el caso concreto de los ascendientes reagrupados, los especialistas ven en la vía judicial una oportunidad, "pero la solución más amplia debe ser política", aseguran.